Circuito Atlético-Banco-Olimpo

Otra petición de perpetua para Patti y otros represores

2011-02-07T22:52:00.000-08:00

Crímenes en el marco de un genocidio

El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.
Por Alejandra Dandan

La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el “marco de un genocidio”. Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a “adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado”.

El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. “¿Dónde está la defensa de Patti?”, preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.

Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. “Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias.” Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; “eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia.”

Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en “nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país”. Annicchiarico, que ya había acusado “en el marco de un genocidio” cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del “grupo nacional” como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de “grupo” es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. “Es el agresor el que determina cuál es el grupo”, dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo “Pinochet”, seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos “Etchecolatz”, “Von Wernich” y “Unidad Nº 9”.

Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, “el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’”. Pretendieron “destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social”. Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa “Atlético-Banco-Olimpo” no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: “Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina”.

El carácter de perseguidos políticos resaltó en los testimonios de ABO

2010-12-26T23:23:00.000-08:00

“Doce perpetuas son un paso adelante”
“Hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva”, dice Paula Maroni, cuyo padre fue uno de los desaparecidos en el circuito de campos clandestinos Atlético-Banco-Olimpo.

Por Alejandra Dandan

El presidente del Tribunal leía la sentencia. Era el día de la condena a los 17 acusados por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo. A unos metros, entre las sillas de los sobrevivientes de los campos, familiares e integrantes de los organismos de derechos humanos, Paula Maroni escuchaba una y otra vez cómo se caía el nombre de su padre: los represores eran condenados por algunas víctimas, pero a su vez absueltos por otras. Por el caso de su padre, al comienzo había seis acusados pero a medida que avanzaba la sentencia los nombres de- saparecían de la lista: “¡Qué feo que me sonaba!”, dice Paula, que finalmente escuchó el nombre de Juan Patricio como parte de la condena a prisión perpetua de Julio Simón. “Mi viejo es un caso que no fue visto por muchas personas, la única testigo es mi mamá porque va al Atlético con él y mi abuela que presenció el operativo –dice ella–; afuera, el día de la sentencia, mis compañeros estaban preocupados porque escuchaban que se caía de las condenas, pero yo estaba feliz porque hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva, y me dije: está bien, el Tribunal habrá dicho: ¡vamos con los casos recontraprobados!, el resto los dejamos afuera, cosa que sea inobjetable la sentencia.”

El casi medio centenar de represores que fue condenado por crímenes de lesa humanidad no debería ser un dato más. Las sentencias que alcanzaron a celebridades como el ex presidente Jorge Rafael Videla o Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y Samuel Miara, Julio Simón y Raúl Guglielminetti en Buenos Aires, también hicieron foco en nombres poco conocidos: en general autores materiales de la represión, muchos juzgados por primera vez y que son quienes estaban del otro lado de las vendas de los tabicados, los que secuestraron, torturaron, trasladaron y ejecutaron a las víctimas. Para los querellantes, el fallo que condenó a 12 de los 17 acusados a prisión perpetua está marcando avances históricos, aunque también los límites de la lógica penal: entre algunos, marcan el silencio al omitir en las condenas la condición de perseguidos políticos de las víctimas o la idea de convalidar de alguna manera que sin cuerpos no es posible probar que los traslados fueron exterminios.

“La sentencia es muy importante”, vuelve a decir Ana María Careaga como el primer día. Ana María es sobreviviente del circuito y fue uno de los motores de la causa. “Este fue uno de los primeros juicios grandes de Comodoro Py: es la primera vez que se juzga colectivamente a los represores como parte de un circuito y eso trasciende a cada uno de los desaparecidos de ABO y permite que se juzgue también un plan sistemático, para analizar el método aplicado por todas las fuerzas de seguridad”.

Atlético-Banco-Olimpo fueron tres campos clandestinos operados principalmente por policías que funcionaron de modo sucesivo, por lo que iban mudando a las víctimas. Funcionaron de mediados de 1976 a comienzos de 1979. El juicio oral empezó el 24 de noviembre de 2009, se juzgó a 17 represores por un total de 183 casos. “Fue además muy importante para el escenario de Comodoro Py –sigue Careaga– porque inaugura las otras sentencias que van a venir en ese mismo escenario.”

La herramienta

La sentencia se conoció el miércoles pasado: las 12 perpetuas alcanzaron a Miara y el Turco Julián; hubo cuatro condenas a 25 años de prisión y una absolución para Juan Carlos Falcón, conocido como “Kung Fu” por el modo marcial que tenía de golpear a los detenidos. Más allá de las razones por las que se condenó a cada uno –razones que se conocerán en marzo con la difusión de los fundamentos, o de si es verdad o no que en el caso de Falcón pesó su coartada según la cual, para la época, era custodio personal de Albano Harguindeguy–, cuando escuchó la absolución, Delia Barrera salió de la sala llorando para encerrarse en el baño.

“No volví a entrar, no pude”, dice a Página/12. “Falcón estuvo en mi casa, es el que nos torturó, nos separó de las celdas con mi primer marido, el que lo trasladó a él, el que decide mi libertad.” El operativo de su secuestro se hizo en un departamento de la calle Superí 135. Kung Fu apareció entre los primeros hombres del grupo de tareas, Delia lo describió con los ojos achinados, el cuerpo alto y como la persona que llevó adelante todo su caso adentro del campo: desde los interrogatorios hasta los traslados. “Siento dolor y bronca –dijo–: ¿qué otra prueba les puedo dar? Estoy muy contenta con la sentencia, pero siento que me quedé con un Falcón atragantado en la garganta, yo di bastante prueba, muchos de mis compañeros también lo reconocieron por fotos, pero no me importa, vamos por más y seguramente lo vamos a agarrar con el ABO II.”

Algo de esa misma sensación de poco se repitió con Guglielminetti y Ricardo Taddei, extraditado de España en 2007. Ambos recibieron condenas a 25 años de prisión, sin perpetuas. Guglielminetti porque no lo condenaron por homicidio como al resto; sólo se lo consideró partícipe secundario entre otras cosas –se supone– porque no lo situaron en los tres campos como sostienen las víctimas. A Taddei, porque un convenio con España le impide a la Argentina aplicar sanciones más altas de las que se permiten allí. Pero más allá de las razones, lo que cuestionan es la lógica de la Justicia Penal que todavía está pidiendo pruebas tangibles, causas y efectos, como si no hubiese pasado el tiempo.

“Es la herramienta que tenemos para juzgar a estos delitos aberrantes y estas herramientas tienen sus limitaciones”, dice Careaga. “Se necesita de este tipo de herramientas para juzgar una práctica que se hacía en forma clandestina: con campos clandestinos, con represores con apodos, con los nombres de las víctimas cambiados, por eso creo que doce perpetuas son un avance.”

La singularización

Isabel Fernández Blanco es una de las testigos con más declaraciones a cuestas: seis veces en total. Sin embargo, la experiencia no alcanza: antes de declarar esta vez estuvo durante días perseguida por esos miedos que todavía pesan en las espaldas de los sobrevivientes: ¿qué pasa si se olvidan de algo? ¿De alguno de los nombres de los compañeros que no volvieron de los centros?, esa promesa que se dieron unos a otros, y que los comprometió para pelear por la justicia. El susto siguió. Un día antes de declarar visitó a una vieja compañera. Le pidió ayuda; lápiz y papel y que anote lo que iba diciendo. Habló. Siguió. Hasta que esa compañera agarró la lista, la dobló en dos y le dijo: “¿Sabés qué tenés que hacer? Hablar de lo que viviste”.

“Sentía que los recuerdos que se me habían borrado de pronto aparecían y creo que tuvo que ver con que por primera vez yo iba a ahí para hablar de mí”, dice Isabel. “Cuando estás sentadito ahí es como que los recuerdos fluyen, y yo recordé cosas que hasta me sorprendieron.” Entre otras, su lugar en el área federal de Montoneros, en prensa. “Me faltó decir que era militante de base, pero creo que la idea de que pudiéramos decir que éramos militantes habilitó a lo mejor ese recuerdo.”

La lógica del caso por caso que se abrió en el juicio, como sucede en otros procesos de Comodoro Py, la posibilidad de hablar ante los represores o la búsqueda de algunos actores como los fiscales, que al dar por probada la represión intentaron hacer aparecer las historias de vida, la materialización de los militantes desaparecidos pero sobre todo sus militancias políticas, fue lo que trazó un nuevo perfil en los juicios. Casos como el de Isabel, que hasta ahora iba a hablar de otras víctimas, empezaron a reconstruir historias en singular.

Miguel D’Agostino es uno de los que están convencidos de que poder hablar de la militancia fue una de las características de estos juicios. Sobreviviente del circuito, declaró en los ochenta cuando la eclosión de la teoría de los dos demonios les abría la posibilidad de quedar detenidos a los que plantearan cosas por el estilo. Y cuando muchos liberados todavía sufrían prisiones a distancia: recibían llamadas de control, citas en bares o terminaban presos. D’Agostino dice que los juicios empezaron a recuperar ese pasado político.

“Me llamó la atención que el fallo no hiciera ninguna referencia a la militancia política”, indica en alusión a otros fallos que toman como agravantes la condición de militantes políticos de las víctimas. Esa característica fue tratada por Alejandro Alagia, el fiscal federal. Asumiendo todos los riesgos por los posibles pedidos de nulidad, el fiscal pidió el castigo por genocidio para todos en representación –por primera vez– de un organismo del Estado e intentado explicar a las víctimas como parte de un grupo nacional con características políticas definidas, víctima de una matanza. “Me llamó la atención que no hagan referencia a esto –dijo Miguel–, creo que de ese modo se está desapareciendo una identidad, la identidad social y política de las personas.”

Los homicidios

En la condena hubo otro dato: la perpetuas se habilitaron porque a doce represores los vincularon como autores o coautores del homicidio de los únicos cinco cuerpos que están aparecidos e identificados en la causa. Son cinco víctimas identificadas en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Sin cuerpos, la Justicia Penal o por lo menos una parte de ella –como lo demuestra esta sentencia– no parece estar en condiciones de condenar a perpetuas.

“En términos generales es un logro importantísimo, pero me deja sabor a poco –sigue Miguel–: estamos en el siglo XXI, tenemos mucha información y necesitamos establecer con mayor detalle que los que no están, por ejemplo, son personas desaparecidas, exterminadas y asesinadas para garantizar la impunidad.” Y dice: “Todavía estamos festejando, no estamos en la etapa del análisis, en estos días también fue condenado Videla, estamos eufóricos por eso: pero nos parece sorprendente, después de treinta y pico años, verles la cara que hasta ahora sólo habíamos visto a través de la posibilidad o no de levantarnos una venda y arriesgándonos a ir a la sala de tortura. O que los conocíamos porque alguien se animaba a susurrarnos algún dato y ahora verlos así, ¡cómo no vas a festejar!”.

“Yo creo que estos juicios trascienden el tema jurídico”, vuelve a decir Ana María Careaga. “Creo que esta sociedad no puede salir de esos juicios como entró: ninguno de los que están sentados ante esos relatos que son insoportables sale igual, porque hablan de la humanidad, y esto se repite en cada punto del país donde tiene lugar un acto de justicia.”

Quiénes son los condenados y el represor que fue absuelto

2010-12-21T22:55:00.000-08:00

1 Julio César Simón, alias “Turco Julián”. Conocido por sus víctimas por su antisemitismo. Llevaba un llavero con una esvástica. Relató su experiencia como torturador ante las cámaras de TV y ya tiene dos condenas en su haber: una por la desaparición de la familia Poblete y otra por los secuestros de un grupo de militantes montoneros que regresaron al país en el marco de su operación de Contraofensiva. Ayer recibió su tercera condena. Le dieron perpetua.

2 Raúl González, alias “Mayor Raúl” o “El Negro”. Proveniente de la Policía Federal, era el segundo jefe en los campos y participaba de interrogatorios.Perpetua.

3 Juan Carlos Avena, alias “Capitán Centeno”. Como adjuntor principal del Servicio Penitenciario tuvo participación en la organización y dirección de El Olimpo. Perpetua.

4 Eufemio Jorge Uballes, alias “Anteojito Quiroga” o “Führer”. Ex subcomisario de la Policía Federal Argentina. Era uno de los encargados del “traslado” de los detenidos. Varios de los relatos de los sobrevivientes lo recuerdan haciéndoles decir “Heil, Hitler” mientras los torturaba. Perpetua.

5 Eduardo Emilio Kalinec, alias “Doctor K”. Ex oficial ayudante de la Policía Federal. Lo condenaron por intervenir en la custodia de los detenidos y de participar en interrogatorios y tormentos aplicados en los centros Atlético, El Banco y El Olimpo. Siguió en funciones hasta hace apenas seis años, cuando comenzó a ser juzgado. Perpetua.

6 Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”. Fue señalado como miembro de los grupos de tareas del circuito que dependía de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Rosa saltó a la fama porque fue vinculado con el juez Norberto Oyarbide en el escándalo sobre la protección de prostíbulos. Antes había pasado por el Departamento de Leyes Especiales (juego clandestino) durante tres años, y durante ese lapso fue investigado por su presunto enriquecimiento ilícito. Perpetua.

7 Guillermo Víctor Cardozo, alias “Cortés”. Ex gendarme. Se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los centros clandestinos para que no hablaran de los crímenes con nadie. Durante los ’90 fue comandante mayor y hasta 1998 fue segundo jefe de la Región II (Rosario) de Gendarmería. Perpetua.

8 Eugenio Pereyra Apestegui, alias “Quintana”. Otro ex gendarme. Los sobrevivientes lo recuerdan con gomina y tacos, por su complejo de petiso. Obligaba a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos inhumanos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo. Fue uno de los pocos que habló durante la instrucción: dijo que en el centro sólo cumplían “funciones de seguridad en un objetivo militar”. Perpetua.

9 Enrique José Del Pino, alias “Miguel”. Capitán del Ejército del Batallón de Inteligencia 601, Del Pino había comenzado su carrera en 1975, bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi y Adel Vilas, en Tucumán. Luego pasó a ser jefe del grupo de tareas que operaba en El Banco y El Olimpo. Fue detenido en 2007 luego de estar un año y medio prófugo. Perpetua.

10 Samuel Miara, alias “Cobani”. Ex subcomisario, jefe de la guardia de los tres centros clandestinos. Testimonios de sobrevivientes aseguran que Miara violó a varias de las detenidas y golpeó a patadas a una mujer embarazada de siete meses. En 1998 fue condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Matías y Gonzalo Re-ggiardo Tolosa, a quienes crió como propios. Perpetua.

11 Oscar Augusto Isidro Rolón, alias “Soler”. Torturaba a los detenidos con picanas y se ufanaba de estar infiltrado en la Facultad de Derecho. Los camaristas que en 2007 confirmaron su prisión preventiva consideraron que habría mantenido “contacto directo” con las víctimas, lo que “permite suponer que conoce los aspectos de la última fase (la de-saparición de personas) de las maniobras delictivas”. Perpetua.

12 Luis Juan Donocik, alias “Polaco Chico”. Comisario retirado de la Policía Federal. Integraba el grupo de guardias denominados “candados”, responsables de impedir que los secuestrados hablaran y de llevarlos a la sala de torturas. Antes de retirarse tuvo a su cargo la comisaría 48ª. Estuvo vinculado con la empresa de seguridad privada Segar SA. Perpetua.

13 Raúl Antonio Guglielminetti, alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”. Ex agente civil de inteligencia del Ejército. Actuó como represor en al menos seis centros clandestinos y a principios de los ’80 se dedicó a los secuestros extorsivos. Luego del retorno a la democracia fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín. Fue detenido en agosto de 2008. Fue condendo a 25 años.

14 Mario Alberto Gómez Arenas. Fue jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal entre 1979 y 1981. En 2008 fue condenado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén junto a dos de sus ex subordinados. 25 años.

15 Ricardo Taddei, alias “Cura” o “El Padre”. Integró las “patotas” que aplicaban tormentos. Luego se ofrecía como confesor en cautiverio para impartir castigos y absoluciones: incluso llevó un televisor al Olimpo para que los secuestrados vieran la misa del domingo. En abril de 2007 fue extraditado desde España, donde vivió durante veinte años. 25 años.

16 Carlos Alberto Roque Tepedino. Pieza fundamental en la estructura de inteligencia del Ejército. Entre 1975 y 1977 fue director de Inteligencia interior de la SIDE. Del ’78 al ’79 condujo el Batallón de Inteligencia 601. Se retiró en el ’81, pero hasta el final de la dictadura se desempeñó como director general de Seguridad Interior. Ya en democracia, siguió “prestando servicios” como adscripto al Departamento de Informática en el comando del Ejército. 25 años.

17 Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”. Guardia karateca, diestro en las artes marciales. Los sobrevivientes lo señalaron como partícipe de los “traslados” y era recordado porque en sus guardias nadie podía llorar. Ex custodio de Albano Harguindeguy, solía abusar de las mujeres secuestradas. Ayer, el tribunal consideró que no había suficientes pruebas para condenarlo. Fue absuelto.

La condena dejó varias preguntas en el aire. Entre otras, por qué el tribunal no castigó con la pena máxima a las desapariciones aún sin la presencia de los cuerpos.

Doce cadenas perpetuas y cuatro represores recibieron 25 años.

2010-12-21T22:45:00.000-08:00

16 represores fueron declarados culpables y uno fue absuelto en el juicio por los crímenes cometitos en los CCD Arlético - Banco y Olimpo

La patota de Miara y Guglielminetti tuvo su condena
El juicio abarcó a 183 víctimas.
Por Alejandra Dandan

Era uno de los dioses del Olimpo. Uno de los torturadores más feroces y una de las figuras más emblemáticas del Terrorismo de Estado. Mientras Jorge Alberto Tassara le leía letra por letra la sentencia que las víctimas y sus familiares esperaron durante más de treinta años, se levantó de la silla para salir de la sala porque justo en ese momento necesitaba ir al baño. Poco después, con un cuarto intermedio mediante y mientras escondía la cara revolcándose en la silla el presidente del Tribunal Oral Federal 2 terminaba con la lectura de los cargos: Julio Simón alias El Turco Julián recibió una condena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como autor de cinco homicidios calificados por alevosía en concurso con privación ilegal de la libertad y tormentos; por 74 hechos de privación ilegal y tormentos agravados y 89 delitos de tormentos y privación ilegal con el agravante de que las víctimas permanecieron más de un mes prisioneras. Hubo un único y efusivo aplauso en la sala durante las dos horas de lectura del veredicto: fue en ese momento.

La histórica sentencia por los crímenes del circuito integrando por los centros clandestinos del Banco-Atlético-Olimpo finalmente llegó. A las siete de la tarde, el presidente del TOF 2 leyó las condenas para 16 de los 17 represores acusados en el marco –como especificó– de delitos de lesa humanidad por 183 casos. Detrás del Turco Julián recibieron la máxima condena otros once represores, entre ellos, el apropiador Samuel Miara y el policía Oscar Augusto Rolón que entró en la sala con las manos en alto, saludando con entusiasmo a sus familiares y a la parentela de otros acusados que tiraban besos desde el piso de arriba. Otros cuatro represores fueron condenados a 25 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua, entre ellos Raúl Guglielminetti. Juan Carlos Falcón alias “Kung Fu” quedó absuelto de cargos y se ordenó su libertad.

Después de la lectura del veredicto cuando finalmente acabó el juicio oral que empezó el 24 de noviembre del año pasado, entre las víctimas y testigos había una sensación de llegada, de haber alcanzado un piso de justicia. En la sala de audiencias se escuchó “presentes, ahora y siempre”.

“Se hizo justicia”, dijo para poner las cosas en su lugar y antes de cualquier otra cosa Ana María Careaga, una de las sobrevivientes del circuito y pilar en los avatares del juicio. “Son muchos los que fueron condenados a cadena perpetua, responsables de estos delitos aberrantes, pero también está la desazón porque nosotros tuvimos que padecer adentro a este represor con el seudónimo de Kung Fu, pero todo lo que hemos vivido se contradice con los parámetros de la justicia, que consideró que no es real que esta persona actuaba ahí.”

Pese al pedido de la fiscalía encabezada por Alejandro Alagia que pidió para todos la acusación por el delito por genocidio, el TOF 2 dictó una sentencia que las querellas consideraron correcta técnicamente. El Tribunal optó por la fórmula de “crímenes de lesa humanidad” para situar y legitimar las condenas.

Para dictar las cadenas perpetuas el tribunal consideró probado el delito de homicidio agravado por alevosía. Ese delito se pudo incorporar en el trascurso del juicio oral porque cinco cuerpos de víctimas que habían pasado por los campos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2007.

En esa acusación entró el apropiador Samuel Miara que fue jefe de la guardia de los tres centros clandestinos, represor y acusado por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Como lo viene haciendo en las últimas audiencias, Mira siguió la audiencia a través de una pantalla conectada al hospital policial Churruca. El Tribunal lo condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por los homicidios. Además, lo condenaron por 58 hechos de privación ilegal de la libertad agravada y por tormentos y por otros 81 casos en los que a los agravantes se sumó la característica de haber mantenido a las víctimas durante más de un mes privadas de la libertad. Ese mismo tipo de cargos se repitió con la mayor parte de los represores.

El caso de Guglielminetti fue distinto. Recibió una pena menor de la que se esperaba. El Tribunal lo condenó a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor de tormentos en un caso; y partícipe secundario en 22 hechos de privación ilegal agravado y tormentos y como partícipe secundario en otros 46 donde la acción incluyó como agravante el secuestro de más de un mes de cautiverio. Las razones por las que el TOF 2 lo condenó de ese modo se conocerán el 22 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia. Las querellas y la fiscalía ayer hacían algunas hipótesis, entre ellas que el Tribunal evaluó al ex agente de inteligencia del Batallón 601 como alguien que no estaba asignado permanentemente al campo.

Otro de los que no recibió perpetua sino una condena a 25 años de prisión pero está acusado por los cinco homicidios es Ricardo Taddei. El represor fue extraditado desde España y según el convenio con ese país, Argentina se compromete a no condenar a perpetua.

Otro de los casos particulares fue el del teniente coronel (r) Enrique José del Pino jefe del Grupo de Tareas GT2, condenado a perpetua por los casos ya enumerados de homicidios y por los asesinatos de Carlos Fassano y Lucía Révora de De Pedro. Con del Pino fueron condenados por estos mismos crímenes a 25 años de prisión Carlos Alberto Teppedino –sobre quien el Tribunal ordenó la detención urgente– y Mario Gómez Arena.

La decisión de liberar a Falcón será apelada. Pese a eso, anoche entre los consultados por Página/12 se evaluaban algunas explicaciones. Una era que los jueces habían dado por válida una de las coartada del llamado “Kung Fu” adentro del centro que logró acreditar en el debate que durante ese período estaba asignado a la custodia personal de Albano Harguindeguy. Pese a eso, existen testigos que lo ubican dentro de los centros y quienes podrían argüir, como lo hacían anoche, si esa misma cercanía al ex ministro del Interior no lo habilitaba para participar de las torturas.

Sin fisuras en el silencio represor

2010-12-20T22:32:00.000-08:00

El torturador Julio Simón, alias “El Turco Julián”, conocido por su ferocidad, escondió la mirada ante los flashes. Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa, repitió que no tenía nada que agregar. Tienen pedidos de prisión perpetua.
Por Alejandra Dandan

Era uno de los dioses del Olimpo. El tipo que andaba adornado con cruces en el cuello, y el símbolo nazi en un llavero. El hombre que para divertirse organizaba luchas libres entre los detenidos desaparecidos; los enfrentaba siempre de a dos, dos hombres o dos mujeres, con reglas que corrían por su cuenta. Valía todo excepto el no pelear, porque cuando alguien no pegaba, los sometía a una sesión de tortura. Julio Héctor Simón alias el “Turco Julián”, ese mismo dios del infierno, agachó la mirada cuando un fotógrafo de Página/12 ayer intentó retratarlo: Sentado entre otros dieciséis represores en uno de los auditorios de los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde empezaba el último día del juicio por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo, un día antes de la sentencia que se escuchará hoy.

Los represores se sentaron en bloque, detrás de Simón que estaba en las primeras filas. Unos detrás de otros se ubicaron en uno de los extremos de la sala alterados por el movimiento del lente de la cámara. Uno de los más altos, el ex hombre de la Federal Oscar Rolón, apenas intuyó el disparo giró rápidamente para ponerse de espaldas, posición desde la que improvisó una charla salvadora con uno de los coroneles. En la sala de audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 porteño intentaba una conexión con el represor número 17: el apropiador Samuel Miara, jefe de la guardia de los tres centros clandestinos, represor y acusado por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Internado en el Hospital Policial Churruca, Miara sigue las derivaciones del juicio por video conferencia.

¿Señor Miara, me escucha?, preguntó el presidente del Tribunal Oral Federal 2 varias veces, y más tarde volvió a preguntarle lo mismo, pero para saber si –como había sucedido con cada uno de los otros acusados– estaba dispuesto a decir algo. Era el último día de audiencia. Habían pasado unas 80 jornadas de debate y los alegatos de la fiscalía que acusó a todos por genocidio y el pedido a cadena perpetua de las querellas. Miara, que no dijo nada, fue el único de los 17 que respondió, sin embargo, con un poco más de palabras: “Todo lo dicho lo ha expresado mi abogada defensora –dijo–: por lo tanto, no tengo nada que agregar”.

El juicio por los crímenes del circuito conocido como ABO comenzó el 24 de noviembre del año pasado; en él se juzga a los acusados por 184 casos de secuestros, tormentos y homicidios. La mayor parte de los acusados son hombres de la Policía Federal, pero entre ellos también hay hombres del Servicio Penitenciario, Gendarmería y del Ejército que se fueron incorporando en los distintos momentos de apertura de los centros.

En el primer grupo estaba el Turco Julián, Miara, Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”; Eduardo Kalinek, alias “Dr K”; Raúl González, alias “Negro”; Ricardo Taddei, alias “Cura” o “El Padre”, extraditado en marzo de 2007 de España; Juan Carlos Falcón, alias “KungFu”, por su forma de golpear a los detenidos con modos del arte marcial; Oscar Augusto Isidro Rolón, alias “Soler”, el hombre que no quería la foto; Eugenio Jorge Uballes, alias “Anteojito”, que con Taddei también integraron las tropas de la Triple A, y Juan Carlos Donocik, alias “Polaco Chico”. Los otros son Juan Carlos Avena, alias “Capitán Centeno”, del Servicio Penitenciario; Eugenio Pereyra Apestegui, alias “Quintana”, y Guillermo Víctor Cardozo, alias “Cortez de Gendarmería”; Raúl Guglielminetti, conocido como el “Mayor Guastavino”, civil, de inteligencia, y el ex Enrique José del Pino, teniente coronel retirado y jefe de grupo de tareas GT2 que funcionó en los tres centros. También están acusados Carlos Tepedin y Mario Gómez Arena.

“Cada uno de ellos cumplió distintos roles dentro del centro, estaban ahí”, dijo a Página/12 Miguel D’Agostino sobreviviente de los campos. “Estuvieron a lo largo de los dos años que funcionaron los centros cambiando o alternando responsabilidades.”

El Atlético funcionó en un predio de la Policía Federal con fuerzas operativas de la policía desde mediados del ’76 hasta diciembre del ’77, y quedó desactivado por la construcción de la autopista 25 de Mayo. El campo se trasladó provisoriamente al Banco, en el cruce de la autopista Riccheri con el Camino de Cintura, a la altura de Puente 12, hasta el 16 de agosto del ’78. A partir de ese día empezó a funcionar el Olimpo en otro predio de la Federal, en Lacarra y Ramón L. Falcón, que quedó desactivado en enero de 1979.

Como sucedió ayer, a lo largo del juicio los acusados casi no hablaron. El pacto del silencio funcionó pese a que no todos pertenecían a la misma fuerza de seguridad, una característica que en Córdoba, por ejemplo, se rompió y les impidió tejer una estrategia defensiva común y, en pos de una defensa personal, varios hablaron. En este caso, no. Y los integrantes de las querellas no se extrañaron: “Esto demuestra que los casos de los que hablan son excepcionales”, indicó a Página/12 Ana María Careaga. “Y echa por tierra la posibilidad de una reconciliación basada en la idea del arrepentimiento: son incapaces de ver responsabilidades, hay que juzgarlos y condenarlos”. Ana María dice que en general los represores muestran un espíritu de cuerpo: un pacto de silencio que hasta hoy lo siguen cumpliendo. “Desde hace muchos años ellos pueden decir lo que saben, la verdad: tuvieron la oportunidad durante los juicios por la verdad porque estaban vigentes las leyes por las que se los podría juzgar por apropiación de bebés y de bienes, pero no por otros delitos, pero en ese caso tampoco se hicieron cargo de nada”.

Daniel aclaró que su hermano Gustavo no ocupó cargos importantes en la organización Montoneros, a la cual incorporó en los últimos años de su vida siendo funcionario del Gobierno democrático y luego como organizador del Partido Auténtico en la Provincia de Santa Fe, desarrollando su trabajo político en el frente barrial en especial en barrio Centenario.

Gustavo Pon se licenció en Filosofía y ejerció como profesor en varias Facultades de las Universidades Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe. "Hoy existen placas en cada una de esas casas de estudio al igual que en el hall central de gremio docente Amsafé que rescatan su labor de docente comprometido con el cambio social", señaló.

Meses antes de su secuestro, más precisamente en junio de 1977, Gustavo Pon escribió en su diario personal un concepto que sintetiza el sentido de su vida, y es el siguiente: "Estuve varios años buscando la forma más efectiva de cumplir el mandato evangélico hasta que me di cuenta de que el amor evangélico es un amor político, de que la beneficencia no sirve porque humilla y degrada, de que liberación y la salvación son una misma cosa. Para qué vamos a salvar o liberar personas si luego tienen que servir a estructuras opresoras".

Extraditaron de EEUU al represor Juan Miguel Méndez

2010-12-17T23:09:00.000-08:00

De Florida a Melchor Romero

El comandante de Gendarmería retirado Juan Miguel Méndez fue detenido en Estados Unidos, país que hace dos meses se negó a extraditar a uno de los acusados por la Masacre de Trelew. Méndez fue segundo jefe de guardias de los centros Banco y Olimpo

Cuando se reabrió la causa por delitos de lesa humanidad bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, en 2003, el comandante de Gendarmería retirado Juan Miguel Méndez huyó rumbo a los Estados Unidos. Dos años después, el juez Daniel Rafecas pidió su captura. Fue localizado en Florida pero debieron pasar tres años y un cambio de presidente norteamericano para que en junio de 2009 se concretara la detención. Ayer, a un tercio de siglo de su actuación como segundo jefe de guardias de los centros clandestinos Banco y Olimpo, llegó extraditado a Ezeiza.

“El gobierno de los Estados Unidos está orgulloso de poder asistir al gobierno de la Argentina para llevar ante la Justicia a presuntos violadores de los derechos humanos”, afirmó la embajadora Vilma Martínez. El traslado se concreta a dos meses de la negativa del juez Robert Dubé de extraditar a otro vecino de Florida con pedido de captura: el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, fusilador de la Masacre de Trelew en 1972 y titular de RGB Group Ing., que factura millones de dólares a cambio de servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas.

Tras el golpe de Estado de 1976, Méndez fue destinado al escuadrón móvil de Gendarmería en Campo de Mayo, donde secundó al comandante Guillermo Cardozo. Sobrevivientes del Olimpo recuerdan que Nelson, nombre de cobertura de Méndez, solía recorrer el centro clandestino como jefe de los gendarmes que brindaban “seguridad”, tarea que no los excluía de algunos operativos. Cardozo y otros quince represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo escucharán el martes su primera sentencia por secuestros, torturas y asesinatos. El 16º es Julio Simón, que va por su tercera condena.

El gendarme de 68 años llegó al país ayer en el vuelo 847 de United Airlines, acompañado por oficiales del servicio de deportaciones estadounidense. En Ezeiza lo esperaban efectivos de la unidad de operaciones complejas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo trasladaron a su destino final, en la Unidad Penal 29 de Melchor Romero.

La embajada de los Estados Unidos informó que la extradición estuvo a cargo de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación. Según el comunicado, fue identificado en mayo de 2009 por la unidad dedicada a combatir violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y detenido el 11 de junio. La ICE lo denunció por violar la ley de inmigración de los Estados Unidos, tal como ocurrió con el mayor Ernesto Barreiro, torturador de La Perla. “La Oficina de Inmigración y Aduanas no permitirá que Estados Unidos sea un refugio para aquellas personas que han venido a nuestro país con el fin de eludir el procesamiento y castigo por delitos cometidos en otros países”, aseguró el director del servicio, John Morton.

Con la extradición de Méndez. la investigación por crímenes en el circuito Atlético-Banco-Olimpo ronda la treintena de imputados. En los últimos días fueron detenidos tres policías y un agente del Servicio Penitenciario Federal. Se trata del oficial Eduardo Angel Cruz, alias Cramer, que había estado prófugo en los ’80; del suboficial Raimundo Oscar Izzi, del inspector Mario Oscar Baigorria, y del penitenciario Héctor Horacio Marc, alias Ruso. Los cinco deberán prestar declaración indagatoria y aguardar el segundo juicio por los crímenes del Primer Cuerpo, que aún no tiene fecha.

Alegatos

2010-11-02T00:02:00.000-07:00

Una comparación entre los procesos orales abiertos contra los represores desde 2003 y el juicio a las Juntas
Las diferencias

En los juicios contra los represores abiertos a partir de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida es un dato constante la militancia de las víctimas, que era ocultada en el juicio a los ex comandantes. La violencia sexual, las historias de vida y lo cotidiano son otros aspectos que aparecen en estas audiencias.
Por Alejandra Dandan

La hipótesis podría plantearse en estos términos: los juicios orales sobre los crímenes en los centros clandestinos de la última dictadura parecen estar haciendo aparecer a los desaparecidos. Los testimonios de sobrevivientes y familiares construyen en las audiencias nuevos relatos que acentúan, entre otras cosas, sus identidades políticas. A contramano de lo que sucedió con la emblemática causa 13, elaborada a partir del informe Conadep, estos procesos recuperan las carnaduras cotidianas, los modos de vida, los deseos y detalles no sólo de ellos sino también de los sobrevivientes y los aleja de la idea exclusiva de las víctimas para volver a situarlos en el terreno político. Pero, además, hay nuevas aristas en las investigaciones. Intentos de comprobar paisajes hasta ahora invisibilizados, como la violencia sexual sobre varones y mujeres o la presencia en los lugares del horror de niños y adolescentes. Con todo eso, aparece por primera vez, además, la voz de los HIJOS. No sólo hablan en las audiencias sobre los efectos de la represión sobre sus vidas, sino que van recogiendo datos de las historias de sus padres con los que siguen armándolos, y por lo tanto armándose. Lo que sigue es un intento de puntear eso que aparece cada día en los tribunales, ante un público al que todavía, sin embargo, le cuesta aparecer.
Los militantes

Una de las características de los juicios contra los represores en estos tiempos es la acentuación de la idea de la militancia. Julio Santucho empezó a sentarse entre el público que asiste a las audiencias de los crímenes de Automotores Orletti luego de declarar sobre el secuestro de sus hermanos Carlos y Manuela y de su esposa Cristina. “Mi idea era ir a reivindicar la militancia de las chicas”, dice a Página/12. “Adhiero al enfoque del genocidio, y por lo tanto creo que no agarraron a inocentes. Lo que ahora noto es que no estoy solo con esa idea, me sentía solo en esta posición cuando volví al país hace veinte años, no se podía defender esa posición, ahora eso está, en los juicios está presente.” Desde que declaró vuelve a los tribunales cada tanto, pero especialmente cuando sabe que hablará uno de los sobrevivientes que ha estado con sus desaparecidos. Usualmente lo acompaña su hijo Miguel, que cuando termina la audiencia suele acercarse a los sobrevivientes como quien quiere saber más detalles. “A nivel familiar –dice Julio–, noto que mi hijo, más que yo, va a buscar datos de lo que le pasó a su madre, de las torturas por ejemplo, y eso que es un golpe muy fuerte, él lo busca y quiere saber eso, llenar un vacío. Es como si dijera: desaparecido está bien, pero quiere saber qué es un desaparecido, qué pasó, eso es lo yo experimento ahora, que mi hijo y muchos hijos tienen necesidad de esto, aunque sufra, me parece que es mejor, que los fortalece, y ésa es una función importante que hay que reconocer a los juicios.”

Miguel D’Agostino es sobreviviente del circuito del Club Atlético, Banco y Olimpo. Declaró ahora pero lo viene haciendo desde la Conadep. Apenas empieza a pensar en los cambios, subraya la idea de la militancia. “En el ’84 ni lo decíamos”, dice en línea con lo que repiten en estos días los abogados de los organismos de derechos humanos que integran las querellas de las causas, sobrevivientes y fiscales. A comienzos de los ochenta, con el Juicio a las Juntas sostenido en la teoría de los dos demonios, los sobrevivientes no hablaban de su pasado de militantes, entre otras razones porque podían quedar detenidos. Pero, además, las prioridades eran otras, dice en este caso la abogada Ana Oberlín: había que probar la existencia de los desaparecidos, de los centros, la sistematicidad de la represión. “Ibamos a declarar en ese momento y todavía nos estaban vigilando”, advierte D’Agostino. A algunos compañeros los llamaban a las casas. Hubo uruguayos que quedaron presos al regresar a su país. Y muchos familiares no hablaban porque seguían paralizados por el miedo. “Eso empezó a cambiar en los últimos años, desde la calle, con la publicación de cosas como las biografías políticas”, arriesga el mismo D’Agostino. Señala, entre otras cosas, la publicación de libros que marcaron un quiebre y en el que la voz de los sobrevivientes aparece parada en el espacio político antes del exterminio.

Daniel Cabezas declaró sobre el asesinato de su hermano y el secuestro de su madre en las audiencias de la ESMA. A Thelma Jara de Cabezas la obligaron a sentarse en una confitería de la Avenida del Libertador a dar una entrevista fraguada con un reportero de la revista Para Ti para desprestigiar a los Montoneros y los familiares de las víctimas. Mucha agua había pasado bajo el puente, cuando Daniel se sentó a prepararse para la audiencia. “Al comienzo me senté a estudiar porque no sabía cómo abordar eso de ser hijo y además militante, leí la teoría del genocidio del sociólogo Daniel Feierstein pero me di cuenta de que se me empantanaba todo porque no soy teórico, así que me puse a leer la sentencia de la causa 13, donde queda clarísimo la teoría de los dos demonios, y en el caso de mi madre vi que los jueces se preocupaban por saber si era montonera, o le mostraron la revista para que reconociera si había o no había participado del reportaje.” En ese contexto, decidió contar quién era su hermano, ese supuesto subversivo: “Quise contar qué hacían, hablar de la vida cotidiana como militantes, mostrar que no se levantaban a limpiar sus armas y salían a disparar, que los domingos al mediodía en casa nos juntábamos a comer un guiso de lentejas, que estaba mi vieja, que de pronto llegaba Cristina, La Gallega, de un territorio o el Gordo Tití y la Gorda, que nadie sabía los nombres reales pero eran amigos, estaban en casa, unos militaban con mi hermano en la UES y llegaba su novia que no militaba y hablaban de política y se iban y después cada uno diseñaba actividades en sus ámbitos, pegatinas por el 1º de Mayo”. En una de esas pegatinas, un grupo de tareas mató a su hermano. “Podría haber ido armado, porque las armas se usaban de manera defensiva, la gente debe saber y recordarlo porque todos conocían a militantes en los barrios.”

Esa misma trama recuperó el alegato de los fiscales en la causa ABO. Presentaron el alegato con un eje en las historias de vida, pero además las identidades políticas de las organizaciones y sistematizaron las caídas no por fechas como en la Conadep, sino por grupos de pertenencia política. Fue un correlato de lo que apareció en el relato de los testigos en las audiencias, no fue completamente espontáneo. Esa fiscalía, por ejemplo, decidió no preguntar sobre las torturas porque lo daban como elementos probados.

En otras causas, el tema apareció de diferentes maneras. En ocasiones se instaló como una estrategia defensiva. Como en el Juicio a las Juntas, al comienzo de estos nuevos juicios los abogados de los represores intentaron azuzar a los testigos preguntándoles por la militancia en lo que parecía un modo de justificar la masacre. Una expresión de esa postura todavía puede verse en estos días en el juicio del Tribunal Oral Federal de San Martín contra Luis Abelardo Patti. Su defensa, encabezada por el ex camarista Alfredo Bisordi, preguntó a Orlando Ubiedo –testigo y ex secretario general de la Uatre– qué quiso decir cuando habló de las tareas de “contrainteligencia” y para qué la hacían cuando con ese método los militantes sólo intentaban cubrirse las espaldas porque se sabían perseguidos. En la mayor parte de los juicios, esas chicanas sin embargo ya no aparecen: los defensores no preguntan por la militancia. Una de las razones es que, advertidos por las querellas, los testigos empezaron a hablar solos y a situarse en ese espacio político antes de que aparezcan las preguntas: eso no sólo les permitió recuperar sus lugares, sino construir la historia por sí mismos y no como un efecto de la sospecha del otro.

Estela Segado cree que ésa es una de las cuestiones más importantes de los juicios. Coordinadora del Archivo Documental de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, está convencida de que el terrorismo fue una persecución a la militancia, en la que todo militante era considerado terrorista por el solo hecho de ser militante. Que los jueces de la causa 13 estuvieron más interesados en saber si la persona había sido montonera que si había sido torturada. “En estos nuevos tiempos, se abre la posibilidad de comprender esta cuestión de que ‘militancia’ no es sinónimo de ‘asesino terrorista’, y la gente que militaba tiene el permiso para contar cuestiones que no se contaban: como las formas de poder resistir, como estar armados o meter libros en un taparrollos y donde logran decir que tomar pastillas de cianuro se hacía en ese marco.”

¿Pero esa recuperación es tan nueva? Segado dice que sí y que incluso “la militancia todavía está unida a la cuestión de lo delincuencia terrorista”.
El caso

En ese contexto, se advierte además la acentuación de los relatos personales. Los detalles. Las historias de vida, pero también la situación individual del secuestro, la tortura y opresión. Oberlin habla de una época distinta. Frente a los ochenta, años en lo que se necesitaba acreditar las desapariciones, los nuevos procesos penales muestran un acento puesto en la vivencia personal, dice. “De esta manera, presenciamos testimonios mucho más ricos en el detalle de la experiencia de cada sobreviviente. Pasamos de la necesidad de probar los desaparecidos y la sistematicidad a lo que le pasó a cada uno, empieza la reconstrucción más personal.”

La instancia del juicio oral que permite una escenificación de la Justicia es otro de los elementos en juego. La posibilidad de situarse por primera vez ante el círculo de acusados, de los responsables directos, lo potencia: “Los relatos se singularizan”, dice en este caso José Nebbia del CELS. “El que lo hizo está sentado ahí y lo están juzgando por lo que te hizo a vos, el relato se construye desde otro lugar y eso sólo aparece como una reparación para las víctimas: todos sienten un gran alivio una vez que terminaron de hablar, se sacan una mochila gigante.”

Los detallados relatos de las torturas entran en ese contexto. Son mucho más masivos de los que había habido hasta ahora. Todavía siguen siendo estremecedores y sorprendentes. “Antes –dice Oberlín–, muchos de los que habían sido torturados ni siquiera tomaban las torturas como un tema frente a lo que les había pasado a sus compañeros, como las muertes o desapariciones, se minimizaban y ahora aparecen.”

En esa singularización hay ejes que todavía son terreno de debate. Hablan y aparecen las fisuras, los discursos se humanizan, se hablan de los datos entregados en la tortura con los que terminó cayendo una persona. También de los “quebrados”. Situaciones que han convertido a las víctimas durante años sujetos recelados o cuestionados. Inés Sánchez, una antropóloga que es hija de una desaparecida del Vesubio, declaró que su madre había estado en el interior de la “sala Q” del Vesubio, donde estaban “los quebrados”. Llegó al campo clandestino embarazada de dos meses, había intentado poner los dedos en el enchufe para suicidarse, no se lo permitieron, intentó escaparse, tampoco pudo. “Dicen que mi madre participaba en las torturas –dijo ella–, mi mamá era una víctima más, más allá de lo que cada uno puede hacer, las cartas estaban echadas.”

Cuando aparecen narradas por los sobrevivientes, esas zonas oscuras, parte de los espacios del tabú entre los ex detenidos, suelen estar atadas a nuevas miradas. En las audiencias suele escucharse la palabra “trabajo esclavo” entre quienes estuvieron sometidos a las tareas de acopio de información o a servir a los represores. O se empiezan a contar las lides del cautiverio como relatos de estrategias de resistencia.

Una de ellas fue Adriana Marcus. En la declaración en el juicio de la ESMA, mencionó con esas palabras que así como otras secuestradas pintaban con lápiz de labios las puertas de un baño del Globo para rebelarse cuando los represores las llevaban a cenar, ella pedía calamaretis fritos porque era el plato más caro. O cuando la obligaban a desgrabar las escuchas ilegales de compañeros que por teléfono se daban citas, transcribían esos párrafos como inentendibles o los nombres con puntos suspensivos.
La violencia sexual

En el alegato de ABO, la querella encabezada por Rodolfo Yanzón acusó a los represores por la figura de la violencia sexual a partir del Protocolo de Estocolmo: “La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante de toda situación de tortura. Nunca se es tan vulnerable como cuando uno se encuentra desnudo y desvalido”.

Arturo Chillada era un militante de la JP de Mercedes, desde hace años vive en España. Desde el consulado argentino en Madrid lo explicó en primera persona al declarar en la causa del Vesubio: “A mí me agredieron una sola vez y en concreto porque no recordaba el número que me habían puesto y me lo hicieron recordar a base de golpes”, explicó. Adentro del centro, dijo, los guardias los humillaban. Lo hicieron bañar con su amigo Javier, contra la pared, mientras los represores de atrás se reían y les decían que froten los cuerpos uno con otro. Y se reían, les gritaban, comentaban.

Ana Oberlín, Lorena Balardini y Laura Sobredo prepararon un documento para fundamentar el ingreso de este tema en las audiencias. En él recuerdan que desde la reapertura del proceso de justicia se profundizan cuestiones que hasta ahora fueron invisibilizadas. “Uno de estos temas ha sido el ejercicio de la violencia de género en sentido amplio, a través de la comisión de violaciones sexuales y de todo tipo de abusos y vejaciones a detenidos-desaparecidos, varones y mujeres alojados en centros clandestinos”. Y dicen: “De los testimonios surge nítidamente que las agresiones sexuales a las que fueron sometidos los detenidos no configuraron situaciones aisladas, sino que formaron parte de este plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas. Además, la violencia sexual en toda su amplitud, así como la violación sexual en particular, fue ejecutada por personas pertenecientes a las diferentes fuerzas armadas y de seguridad e incluso en algunos casos por civiles que actuaron como parte del accionar represivo”.
Contextos

Myriam Bregman, de la querella de Justicia Ya!, indica que muchos de los nuevos aspectos que aparecen en los juicios se dan a partir de entender por dónde deben ir las preguntas. Entre ellos, menciona el rol de los medios durante la dictadura, recuerda que se están abriendo juicios o se abrieron contra Editorial Atlántida por ejemplo por los casos de Cabezas y Angelina Barrios. Que aparece una búsqueda específica sobre el rol de la Iglesia, los curas que aparecieron en los centros clandestinos, los archivos y los civiles. “A partir de las preguntas –dice– salió el dato que el gerente de la Ford, que le decían ‘El loco Antonio’, de apellido Suárez, estaba tan compenetrado con la represión que participaba de operativos con el grupo de tareas de la ESMA.” O los datos que indican que Antonio Pernías llevaba a los prisioneros a comer a las casas de la alta sociedad para que vean que se estaban recuperando, donde también había curas, como destacó el testimonio de Silvia Labayrú. La participación civil para Bregman no es secundaria, sino que es una clase social empresaria que armó y preparó el golpe. Otro de los temas son los llamados testigos contextuales: bomberos, vecinos, empleados que están apareciendo por primera vez a declarar porque algo fuera de las salas se empezó a habilitar para que lo hagan. Pero también hijos de víctimas que tienen la necesidad de situarse a través de sus relatos en ese espacio.
Las deudas

No todo sin embargo es pura potencia. Hay traspiés. Pablo Llonto recuerda que como se sabía, por la organización de las causas hay testigos que deben declarar una y otra vez en distintos juicios. O una polución sobreabundante de datos que obliga a los querellantes a estar despiertos con cientos de antenas, porque muchos de los datos que aparecen en una audiencia sirven para otro, y se pierden. Esos recortes deja además a varios testigos en el aire. Hace unas semanas, pasó por la causa de El Vesubio un bombero voluntario de Monte Grande que por un llamado del intendente local acudió a levantar los cuerpos de la masacre que lleva el nombre de esa localidad. Al hombre le preguntaron si eso era normal. El dijo que en “la época de la subversión los llamaban para ir a buscar cadáveres a todos lados”. Nadie le preguntó nada sobre esas búsquedas quizá porque el objeto del juicio era uno de los centros clandestinos, pero esa información quedó en el aire. Sucedió también con Lila Pastoriza en Vesubio, cuando declaró sobre Pablo Miguez. Ella dijo que pudo saber que Pablo había sido visto por ultima vez en la comisaría de Valentín Alsina en Lanús. Nadie recogió el guante en ese momento para iniciar allí una pesquisa.

También hay testigos que se van sin contar lo que se esperaba que cuenten. Los hay. “Nosotros no tenemos capacidad para hablar con todos los testigos”, dice Liliana Mazea, querellante en El Vesubio. “A veces no se acuerdan de lo que ya declararon o de lo que pasó, pero además cuando te secuestraron y vos no estuviste en una organización ni estabas comprometido por nadie, la cadena se rompe por el eslabón mas débil: la gente tiene medio de que le vuelva a pasar porque no tiene esa red solidaria que les permitió hablar a otras víctimas, van casi obligados, les cuesta decir lo que sufrieron o pasaron porque tienen medio, que es otro de los logros del genocidio”.

Por último, Yanzón enumera otros datos como la actuación de los jueces. “Vemos en otras ciudades -sobre todo en Mendoza- la gran complicidad de jueces y algunos fiscales con la impunidad, algunos de ellos dispuestos a dar pelea y proferir amenazas, cosa que medida que avanzan los juicios se va haciendo mas evidente”. Otro de los temas es la Defensoría General de la Nación. “Son muchos los defensores oficiales que están trabajando, la mayoría son buenos profesionales, pero pasan los límites de una defensa técnica, cuando tratan de probar la “complicidad” de algunas víctimas con los represores, tratándoles de quitar justamente su lugar de víctimas para devaluar sus testimonios y establecer que los crímenes tuvieron otro apoyo y participantes: es gravísimo que, como un órgano estatal, tiendan a deslegitimar el lugar de víctimas en aras de posicionar mejor procesalmente a sus defendidos”.

Alegatos en la causa Atlético-Banco-Olimpo

2010-09-13T23:25:00.000-07:00

El circuito de los horrores

Por Alejandra Dandan

Los abogados de la querella, Rodolfo Yanzón y Lucía Tejera, hicieron una descripción de los mecanismos represivos en esos centros. Hoy, cerrarían su alegato reclamando prisión perpetua para todos los imputados.

Samuel Miara y Juan Carlos Falcón se sentaron ante una pantalla desde el Hospital Churruca. En la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, en tanto, se alineaban en las primeras filas uno tras otro Oscar Rolón, Raúl Guglielminetti, de campera beige, y a su lado Julio Simón, de borravino. También lo hicieron los otros diez imputados por los crímenes cometidos en el circuito de los centros clandestinos integrado por el Club Atlético, Banco y Olimpo. Todos obligados a escuchar la segunda audiencia de alegatos a cargo de la querella encabezada por Rodolfo Yanzón. La semana pasada, en la primera ronda de alegatos, la querella pidió reclusión perpetua para los represores. Las imputaciones de esta nueva ronda se terminarán hoy y la querella volvería a pedir la misma pena.

“Los procesos sociales no se detienen ni con los crímenes ni con la fuerza”, dijo Yanzón al comenzar, en alusión al mensaje que Salvador Allende pronunció hace 37 años y tres días. Luego de un reconocimiento a testigos, familiares y sobrevivientes que se acercaron a dar sus testimonios desde el 24 de noviembre del año pasado, pidió que la Justicia finalmente sea efectiva para alentar a quienes todavía no lo hicieron.

Del otro lado del vidrio que separa la sala de audiencias del público se sentó Carlos Slepoy, impulsor en el país de las causas españolas contra la dictadura de Franco. Entre sobrevivientes y testigos, por la sala también pasó el juez Daniel Rafecas, a cargo del primer tramo de la causa. Ana María Careaga contaba presentes y ausentes entre los represores.

Yanzón hizo un análisis conceptual y político de la represión. Antes repasó el impacto de los juicios argentinos en la región. Habló de Perú, Chile, Uruguay y Brasil, y luego arrancó con uno de los nudos: los límites del Juicio a las Juntas. “Quizá no hay mal que por bien no venga –dijo–: tantos años de impunidad permitieron profundizar la historia.” Del análisis del discurso que trasmitió la Cámara Federal en aquel momento puede decirse que fue “en parte legitimador del accionar de las Fuerzas Armadas en una supuesta lucha contra el terrorismo, pero con métodos equivocados e ilegales”. “Lo digo –explicó– con todo respeto a la Cámara Federal, pero a lo que voy es que a ese discurso tenemos que superarlo.”

La llamada causa ABO investiga 181 víctimas y los homicidios de Carlos Fassano y Lucía Révora de De Pedro. La investigación abarca los crímenes que se produjeron en los tres centros clandestinos que funcionaron en forma sucesiva. El Club Atlético desde mediados de 1976 hasta diciembre de 1977, funcionó en los sótanos de la División de Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón y Azopardo. Cuando se construyó la autopista 25 de Mayo, la población fue trasladada al Banco, a metros del Vesubio, en el cruce de Camino de Cintura con la Riccheri. A mediados de agosto de 1978, el poder militar terminó de acondicionar el Olimpo, en la División Automotores de la Policía Federal, sobre la calle Ramón Falcón.

Yanzón mencionó a Leopoldo Schiffrin para volver a interpelar a la Justicia. “Me parece que la imparcialidad no es despegarse del conflicto y del sufrimiento de la gente.” Señaló a la “corporación” marcada por la lectura de La Nación y los “obstáculos” al avance de los juicios que aparecieron desde 2003 con la actuación de la Cámara de Casación Penal integrada por Alfredo Bisordi y el mendocino Luis Miret.

La audiencia se suspendió en algún momento por problemas técnicos con el Churruca. Veinte minutos después se reanudó. En ese segundo tramo, Yanzón marcó dos ejes de la acusación: la violencia sexual y el antisemitismo.

Para hablar de la violencia sexual habló del Protocolo de Estocolmo. “La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante de toda situación de tortura. Nunca se es tan vulnerable como cuando uno se encuentra desnudo y desvalido.” Pidió al tribunal encabezado por la jueza María Garrigós de Rebori “que en esta sentencia se describan las condiciones inhumanas”, recordando que “se escucharon testimonios de mujeres violadas”. Además, que no se los considere hechos aislados. “No ganamos nada si traemos a Miara porque violó –dijo–: porque se lo permitieron sus propios compañeros y sus superiores.”

En ABO, el Turco Julián llevaba un llavero con una esvástica. Hacía salir a los prisioneros de las celdas para hablarles sobre sionismo. El antisemitismo fue uno de los datos más marcados del circuito. “Porque los policías tienen tradición antisemita de abolengo –dijo Yanzón–. Y el plus de tormentos y de torturas a los que eran sometidos es un dato relevante.”

La abogada Lucía Tejera describió luego los mecanismos de funcionamiento de cada centro y las condiciones del surrealismo y la perversión. Habló del trabajo esclavo, la construcción de un taller de reparación de electrodomésticos en el Olimpo a donde los represores llevaban a reparar los objetos robados durante los operativos y también sus propios objetos. En octubre de 1978 un grupo de tareas secuestró a Lucía Révora, por entonces embarazada. De la casa se llevaron además miles de dólares. En el Olimpo, eso dio lugar a una “brutal disputa entre los represores porque se habían quitado parte del botín”, recordó Tejera. En esa situación, sometieron a uno de los secuestrados que era abogado a instruir un sumario, tomar declaración testimonial a los interrogadores del mismo centro clandestino. “Todo era posible”, marcaron.

Las embarazadas fueron otro nudo del alegato. Ana María Careaga había sido secuestrada en junio de 1977, con un embarazo de tres meses. Le tiraron un balde de agua fría, le pasaron corriente eléctrica mientras la asfixiaban. “Pensé que mi hijo estaba muerto”, dijo en la audiencia, una frase que repitió Tejera. “En un lugar que se perseguía la muerte, saber que mi hijo había sobrevivido era una victoria frente al horror.” A Mónica Brull y Marta Vaccaro también las interrogaron embarazadas. La lógica de lo siniestro volvió a apoderarse de la audiencia. Esta vez Tejera hablaba de una fiesta de Navidad después de lo cual se ordenó un traslado. Y del Mundial. “El televisor era siniestro”, dijo Mario Villani durante las audiencias, en un tramo retomado en el alegato.

Pidieron prisión perpetua por genocidio a cuatro acusados por violaciones a los derechos humanos

2010-08-31T00:54:00.000-07:00

El lunes 30 de agosto, en la primera jornada de alegatos en el juicio por crímenes en Atlético, Banco y Olimpo. Se trata de la exposición de uno de los querellantes, en el marco de la causa por las desapariciones de Carlos Fassano y Lucila Révora

El Tribunal Oral Federal Nº2 de la Capital Federal dio inicio este lunes a las audiencias de alegatos en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron sucesivamente en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, todos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

En la audiencia los representantes de Eduardo De Pedro, una de las querellas, pidieron prisión perpetua e inhabilitación perpetua, en establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, por el delito de genocidio, para los acusados Carlos Alberto Roque Tepedino -jefe del Batallón de Inteligencia 601-, Mario Alberto Gómez Arenas -segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601-, Enrique José Del Pino -capitán del Ejército Argentino- y Juan Carlos Avena -oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal-.

De Pedro es querellante en la causa “Tepedino”. Allí se investiga el hecho que habría acontecido el 11 de octubre de 1978, cuando personal de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, en apoyo del Primer Cuerpo de Ejército, habría ejecutado un procedimiento en el cual se habría producido el homicidio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Adela Révora De Pedro (embarazada de ocho meses al momento del hecho). En el domicilio se encontraba el querellante cuando era menor, quien habría sido sustraído por las fuerzas intervinientes y entregado a su familia recién el 13 de enero de 1979.

Los representantes de De Pedro solicitaron que en caso de que el tribunal estimare que no corresponde aplicar la figura del genocidio, pidieron se los condene por homicidio calificado por alevosía, y para Tepedino y Gómez Arenas se los condene también por sustracción de menor edad. Además requirieron que se disponga la baja en el Ejército y en el Servicio Penitenciario Federal, según corresponda, de los cuatro imputados.

En la otra causa que integra el juicio están imputados Samuel Miara -subcomisario (R) de la PFA-, Julio Héctor Simón -oficial (R) de la PFA-, Raúl Antonio Guglielminetti -ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino-, Raúl González -comisario (R) de la PFA-, Eufemio Jorge Uballes -subcomisario (R) de la PFA, Eduardo Emilio Kalinec -comisario (R) de la PFA-, Roberto Antonio Rosa -oficial (R) de la PFA, Juan Carlos Falcón -principal (R) de la PFA, Luis Juan Donocik -comisario (R) de la PFA, Oscar Augusto Isidoro Rolón -oficial (R) de la PFA, Guillermo Víctor Cardozo -primer alférez de Gendarmería Nacional-, Eugenio Pereyra Apestegui -primer alférez de Gendarmería Nacional-, Juan Carlos Avena -oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal, Ricardo Taddei -principal de la PFA- y Enrique José Del Pino -capitán del Ejército Argentino-.

Inicio de los alegatos

2010-08-29T13:53:00.000-07:00

Eduardo de Pedro (desaparecido el 26/6/77)

Los alegatos finales en el juicio que se sigue al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y al ex policía Samuel Miara, entre otros, por delitos de lesa humanidad en centros clandestinos de detención en la última dictadura militar comenzarán mañana en los tribunales federales de Retiro y el veredicto se conocerá a fines de octubre.

El proceso iniciado en noviembre de 2009 y por el que pasaron unos 200 testigos, entrará en su etapa final con el alegato del abogado querellante de Eduardo De Pedro, quien tenía un año y ocho meses el 11 de octubre de 1978, día del operativo en el que fue secuestrada su madre embarazada de ocho meses, quien se cree fue asesinada en un centro clandestino de detención o arrojada desde un "vuelo de la muerte" y no se sabe si alcanzó a dar a luz.

El pequeño fue dejado con unos vecinos de su casa en Floresta, pero poco después lo pasaron a buscar dos personas en un Ford Falcon verde, que adujeron ser sus tíos y se lo llevaron.

Su familia lo recuperó el 13 de enero de 1979 cuando fue dejado en una iglesia, tras una gestión de un allegado con los militares, sin saberse hasta ahora dónde estuvo en ese lapso.

El abogado del joven, Jacobo Grosman, será el primero en alegar ante los jueces Jorge Tassara, Ana María D`Alessio y María Laura Garrigos de Rebori, desde mañana a las 14, en una exposición que, de ser necesario, podrá continuar el martes.

Por lo ocurrido a De Pedro y su familia están acusados por homicidio y privación ilegal de la libertad el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 Carlos Tependino; el ex segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón Mario Alberto Gómez Arenas; el capitán del Ejército Enrique José Del Pino y el ex oficial del Servicio Penitenciario Federal Juan Carlos Avena.

El 11 de octubre de 1978 a las 14 un grupo de tareas del Batallón, que dependía del Primer Cuerpo del Ejército, asesinó en su casa a la pareja de la madre del ahora querellante, Carlos Fassano, y se llevó a la mujer de 24 años, Lucila Revora De Pedro, quien en ese momento tenía un embarazo de 8 meses.

El padre biológico de De Pedro había sido asesinado meses antes. Todos militaban en la organización Montoneros y según se reconstruyó en la causa, el grupo de tareas fue a la casa de la familia porque un secuestrado habría dicho en medio de la tortura que allí se guardaban 150 mil dólares, que nunca fueron hallados.

El operativo se realizó a plena luz del día, hasta con un helicóptero, y según testigos los represores discutieron entre ellos por el dinero que no se encontraba y hasta se detonó una granada en la vivienda.

En tanto, el Tribunal fijó para el lunes 13 y martes 14 de septiembre la fecha para el inicio de los alegatos en el otro caso juzgado, en el que están acusados el ex subcomisario de la Policía Federal Samuel Miara; el ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti; el ex oficial de la Federal Julio Simon y el ex comisario Eduardo Kalinec, entre otros.

Se trata de un grupo de ex policías y oficiales de inteligencia que actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron sucesivamente bajo la órbita de la Federal comandados por el Primer Cuerpo del Ejército: Atlético, Banco y Olimpo, por donde se calcula pasaron 184 víctimas.

Todos los acusados están procesados por "privación ilegítima de la libertad y tormentos`. Guglielminetti, "alias mayor Guastavino", fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín y está detenido con prisión preventiva desde el 11 de agosto de 2008 por orden del juez federal Daniel Rafecas, que instruyó el caso.

Miara fue condenado en 1998 a doce años de cárcel por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa, a los que hizo pasar como suyos, y al cumplir esta condena pidió la excarcelación en la causa por la que ahora es juzgado, pero le fue denegada.

Los alegatos de todas las partes se extenderán hasta el 25 de octubre, cuando el Tribunal dé lugar a las últimas palabras de todos los acusados y fije fecha para el veredicto.

Varios testimonios

2010-06-15T00:45:00.000-07:00

La audiencia del lunes 7 de junio comenzó con las declaraciones de Horacio Cuartas, sobreviviente del Olimpo y Gustavo Demiryi, pareja de Mabel Maero al momento de su secuestro y desaparición en el Banco y en el Olimpo. Luego declararon Olimpio Garay y Hugo Rodríguez, quienes trabajaron en inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con el imputado Avena y Alfredo Sotera, general retirado del Ejército que prestó funciones como subjefe en la Jefatura 2 de Inteligencia del Estado Mayor, de la cual dependía el Batallón 601. Ante la pregunta de la fiscalía, Sotera manifestó que por supuesto que el Batallón 601 tenía grupos operativos y reconoció que pudo haber tenido sus propios centros de detención. También declaró Carlos Alberto Martínez, titular desde 1976 hasta principios de 1978 de la Jefatura 2 de Inteligencia de la cual dependía el Batallón 601. Martínez desmintió que el Batallón tuviera grupos operativos y manifestó que sólo enviaban la información que “recolectaban” al 1º Cuerpo del Ejército.

Asimismo declaró Zulema Castro de Peña por el secuestro, desaparición y hallazgo de los restos de sus hijos Isidoro y Jesús Peña. Los hermanos Peña fueron vistos en las sedes del Banco y Olimpo, a principios de diciembre de 1978. Días después, sus restos fueron hallados en la costa atlántica. También declararon Gilda Agusti de Blanco, quien permaneció detenida
desaparecida en el Olimpo cuando estaba embarazada de 5 meses junto con su marido, Gustavo Raúl Blanco; Estéfanos Mansur, sobreviviente del Olimpo que compartió cautiverio con Alfredo Giorgi. Por último, declararon Alejandro Alonso y Patricia Navarro Roa, por el secuestro y desaparición de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, militantes de Cristianos para la Liberación, y la apropiación de la hija del matrimonio, Claudia Victoria, con quien se reencontraron a principios de 2001. Alejandro era compañero de militancia y Alejandra es la hermana de “Pepe” Poblete.

El tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de las defensas sobre la falta de jurisdicción y competencia por los homicidios y la privación ilegítima de libertad y tormentos como delito continuado en los casos de los hermanos Jesús e Isidoro Peña, Helios Serra Silvera, Cristina Carreño Araya y Santiago Villanueva, cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

Aldo Tartaglia: “que el alma de los represores se pudra en el infierno”

2010-03-14T23:27:00.000-07:00

DECLARÓ EN EL JUICIO Y SIGUE LA BÚSQUEDA DEL HIJO DE LUCÍA

Victoria: los familiares de Lucía Tartaglia vivieron una semana de fuertes emociones. Su hermano Aldo, declaró en el juicio contra los represores que la mantuvieron en cautiverio y fueron responsables de su desaparición. “Se me cruzó (la imagen) mi hermana sonriente, y les hice la V de la victoria. No sé por qué lo hice. No fui yo, fue mi hermana”, le contó a El Diario. Aldo, Junto a su hermana Graciela y su sobrina Lucía, que lleva el nombre en honor a su tía desaparecida, recorrieron las instalaciones del Olimpo y la Esma.

“Deseo que el alma de los represores se pudra en el infierno”, dijo Aldo Tartaglia. A su lado, su hermana Graciela, asiente. Son los hermanos de Lucía Tartaglia y todavía tienen esperanzas de encontrar al hijo de la desaparecida pampeana que nació en cautiverio durante la última dictadura militar.

El miércoles, Aldo declaró en los tribunales porteños de Comodoro Py en el juicio contra quince represores que actuaron en el garaje “Olimpo”. Ese centro clandestino fue el último lugar de detención de Lucía. De allí salió con dolores de parto hacia el Hospital Militar. Nunca volvió.

Aldo contó ayer que cuando se sentó a declarar el represor Oscar Rolón lo miró fijamente con frialdad. El mantuvo la mirada. Cuando se levantó de la silla, después de dar su testimonio, pasó delante de él para salir de la sala y lo saludó con los dedos en “V”. Entre el público, madres y abuelas de Plaza de Mayo lo aplaudieron.

“No sé porqué lo hice. Se me cruzó mi hermana sonriente. No fui yo. Fue fue Lucía”, contó ayer Aldo mientras las lágrimas surcaban su rostro. Tiene 54 años. Graciela, 55. Lucía era la mayor, hoy tendría 56.

“Mientras estemos con vida lo vamos a buscar. Después capaz serán nuestros hijos que buscarán a su primo. Pero no vamos a bajar los brazos, cueste lo que cueste”, aseguró Graciela (55) acerca del niño o niña que Lucía tuvo en cautiverio. No tienen ningún dato certero, sólo saben que nació a principios del año 1979 y que ella quería que se llame María Victoria o María Laura si era nena o Sebastián si era varón.

-¿Por qué después de declarar fueron a visitar las instalaciones del Olimpo (actualmente en manos de agrupaciones de derechos humanos)? -preguntó El Diario a Aldo.

-Mi hermana ya lo conocía. Yo me había prometido ir. Si no iba era algo imperdonable.

-¿Qué se el cruzó por la cabeza?

-Mi deseo era ir y gritar con todo el nombre de mi hermana. No se por qué. Pero lo hice. Vi donde dormía mi hermana, donde la torturaban, esas paredes están impregnadas de los gritos de dolor, de llanto, que siempre pidieron piedad o clemencia y los torturadores seguían torturando o asesinando gente.

-¿Cual es su deseo en este momento?

-Encontrar a mi sobrino o sobrina y a los restos de mi hermana. Después de eso, que el alma de los represores se pudra en el infierno, nada más. Y que nunca más vuelva algo así en la Argentina.

-¿A pesar de los años que transcurrieron tiene esperanzas de encontrar al hijo de Lucía?

-Si. Es lo último que se pierde.

-¿Qué piensa de las actitudes que toma la sociedad sobre estos casos?

-Hay algunos que siguen la causa, recuerdan a los desaparecidos; otros tratan de olvidar o de hacerse los distraídos; y otros reivindican al golpe de estado. Es triste, con tantos golpes militares que hemos tenido volvemos a cometer los mismos errores. La única forma de que un país avance es la democracia, aunque haya algunos que no les guste quien está en el poder. Es la única forma de vivir en armonía.

-¿Qué le llamó la atención del juicio?

-Cuando ingresé lo primero que me impactó fue que el represor Rolón, con su traje impecable, me miraba fijo y yo lo miré fijo hasta que me senté. Me pregunto si esos trajes son producto de los botines de guerra de cuando iban a secuestrar gente. Son una lacra humana y así van a quedar en la historia. Cuando terminé, la misma gente del tribunal me pedía que los abrazara. Y lloraban juntos conmigo. Yo no entendía nada...

-¿Por qué hizo la “V” de la victoria cuando pasó frente a Rolón?

-Aclaro que no sé porque motivo hice la “V” de la victoria. En ese momento se me cruzó mi hermana, sonriente, y entonces le hice la “V” de la victoria. Se me cruzó, se me puso delante mío. Por eso mismo le dije a Mario (Canoba) que yo no había sido. Fue mi hermana...

Dos cartas de Lucía Tartagia desconocidas por la Justicia

2010-03-14T05:55:00.000-07:00

Son dos las cartas de la desaparecida santarroseña Lucía Tartaglia que se conservan y que están en manos de su familia. Son las dos que el Tribunal Oral Federal 2 porteño, que juzga a los represores que secuestraron, torturaron y desaparecieron a la joven, le pidieron a su hermano, Aldo, cuando declaró el miércoles durante las audiencias ya que desconocían su existencia. Fue en el marco de las causas que investigan lo acontecido en los centros clandestinos de detención El Atlético, El Banco y El Olimpo, que funcionaron durante la última dictadura militar.

Las misivas escritas desde su cautiverio son los datos más importantes que tiene la familia para aportar a la causa. Las cartas le llegaron en diciembre de 1978 a su madre, María López, que las conservó desde entonces y habían circulado entre algunas personas durante los años 80. Según se pudo establecer, Lucía luego de ser secuestrada en noviembre de 1977 y estar en cautiverio, empezó a tener otro régimen dentro del centro clandestino de detención El Olimpo y pudo enviar y recibir correo. Tartaglia había estudiado Derecho en La Plata y era militante del peronismo revolucionario. Las dos cartas de puño y letra de la desaparecida, fueron entregadas a través de la familia de otra mujer secuestrada de apellido González. Allí Lucía les decía que estaba detenida y pedía que su madre le escribiera. La pampeana también relata en la segunda misiva su embarazo, producto de la relación con otro detenido, y que iba a dar a luz en febrero de 1979. Lo que se pudo establecer por testimonio de otros ex detenidos políticos fue que luego de nacer su hijo o hija, que hoy todavía es buscado, en el Hospital Militar, fue desaparecida por los represores.

Cartas del 78.

La primera carta está fechada el 6 de diciembre de 1978. Afirma Lucía en el texto: "Querida mamá: Después de un año puedo escribirte una carta. Estoy bien, extrañándolos muchísimo, pensando en el día en que pueda estar con ustedes nuevamente". "Estoy con un grupo de personas, todos muy macanudos, los cuales me están enseñando a vivir de otra manera, a querer cosas que antes no les daba ni pelota. ¿Vos mamo, cómo estás? ¿Seguís enferma? ¿Cuándo vas a hacer un tratamiento y te vas a curar del todo? ¿Graciela, como anda? No se casó todavía? ¿Y Lalo? (...) ¿Está hecho un hombrecito?". "¿Los negocios como siguen? Aunque con Graciela al frente me parece que la pregunta está de más ¿no es cierto? Después de un año me cuesta bastante escribir esta carta mamita, espero que tu contestación sea larga, larga y me cuentes un montón de cosas, cosas que te han pasado todo este tiempo. Necesito mucho que me escribas mamita ¡hacelo por favor!. Bueno, mamita, un beso grande a todos ustedes, a María Lis y Lilia. Los quiero mucho. Lucía", indicaba. En la post data le indicaba que le mandaba una tarjeta "pintada por gente que no tiene manos y la pinta con la boca".

Embarazo.

La segunda carta, que no se puede datar, pero sería de diciembre de 1978, días después de enviar la primera, y es más reveladora.

Indica el texto: "(Vas a) ser abuela, voy a tener un hijo para principios de febrero. Quizás en esta época se corten las comunicaciones por que me llevan a otro lugar, pero no te preocupes que yo las voy a volver a reanudar". "¡No te caigas de espaldas por favor! ¡Digerilo despacito! Vas a ser abuela. ¿Qué tal? Y mis hermanos tíos. ¡No se lo esperaban a esto no? Estoy muy linda, peso 60 kilos o sea que he aumentado 1 kg por mes. No estoy gorda, tengo solamente panza ¡un bombo bárbaro!". "Al embarazo lo llevé medio accidentado, pues a los tres meses me tuvieron que operar de apendicitis, después me hicieron unos análisis y estaba anémica, con un tratamiento a base de calcio, inyecciones de hierro, se me pasó bastante. Después por el embarazo, tengo un pequeño soplo pero según me dijo el médico es producto del embarazo y después se me va a ir. Además tengo que andar con diuréticos, por la acumulación de líquido". "Ahora no trabajo más en la oficina, no hago nada, ya que me empezaron a joder los riñones y no puedo estar sentada más de cuatro horas. Pero aunque te haya pintado un cuadro tan tétrico, no te asustés que estoy muy bien, sólo fueron problemas que se fueron presentando durante el embarazo. Se mueve muchísimo, es un feto muy vital, por eso no tengo miedo al parto. Si es nena se va a llamar: María Victoria o María Laura y si es varón Sebastián ¿Te gustan?". "Por ropitas y esas cosas no te preocupes que tengo bastante, es la mayoría usada, pero no importa además como va a nacer en pleno verano, no necesita mucho. Yo quiero que sea varón, pero tengo el presentimiento que va ser nena". "¿Qué tal mami, con la sorpresa de fin de año que te doy? Yo le he hecho algunas batitas ¡están muy lindas! Vos mami, rezá mucho para que los dos podamos estar en casa, con vos, Graciela y Lalo y vivir los cinco bien". "La carta que me mandaste, muy linda, todo el mundo la leyó y quedó encantado con vos ¡qué flor de madre que tenés! me decían. (...) Mami, tenés que curarte y estar bien, tenés que ser la abuela y la madre más linda del mundo para cuando vayamos ¡No te dejes estar! Somos dos los que te queremos, además de mis hermanos". "Un beso grande a María Lis y Lilia, deciles que a ellos no les puedo escribir, pero que manden una hoja escrita dentro de tu carta, como lo hicieron. Por ahí, las cartas quizás tarden un poco, pero vos no te preocupes escribime apenas las recibas. (...) Un beso grande a Lalo y Graciela (los futuros tíos) y para vos un millón de besos y abrazos de tu hija que te adora y todos los días le da gracias a Dios por la madre que tiene", indicaba Lucía en su último contacto con su madre.

Testimonio por Lucía Tartaglia y Enrique Sierra

2010-03-02T06:02:00.000-08:00

Nora Beatriz Bernal, ex detenida en el CCD El Banco, declaró ante el TOF N° 2, encargado de juzgar los crímenes cometidos en el circuito ABO. Bernal, cuyo testimonio fue solicitado por Abuelas, confirmó haber compartido cautiverio con la desaparecida embarazada Lucía Tartaglia.

Apenas llegó al centro clandestino, Bernal fue atendida por Lucía, quien formaba parte del “consejo”, tal como le llamaban al grupo de detenidos obligados a realizar tareas de limpieza, enfermería y cocina. Bernal, herida en una mano durante el operativo de secuestro, le impresionó la suavidad de la mano de Lucía, en contraste con semejante horror. Su segundo y último contacto con Lucía fue al momento de ser liberada, en junio de 1978. En esta oportunidad, Bernal le pidió el sweater que Lucía llevaba puesto, y ésta se lo cedió. La testigo confirmó ante el tribunal que Lucía estaba embarazada.

“La Flaca” Tartaglia, tal como le decía su familia, nació el 6 de junio de 1953 en Santa Rosa, La Pampa. Militaba en la JUP. Fue secuestrada el 27 de noviembre de 1977 en la ciudad de La Plata. Por testimonios de otros sobrevivientes pudo saberse que también permaneció detenida en el Club Atlético y en El Olimpo y que se encontraba embarazada. Durante su cautiverio la llamaban “La Anteojo”. Lucía fue retirada del Olimpo para dar a luz a fines de diciembre de 1978 o principios del mes de enero de 1979. La joven y el/la niño/a que nació en cautiverio continúan desaparecidos.

A posteriori, los jueces dispusieron la proyección de un video del programa “Telenoche Investiga”, con espeluznantes declaraciones del Turco Julián. “El criterio general era matar a todo el mundo”, afirmó el represor en el reportaje. Con buen criterio, el tribunal decidió que el Turco Julián se quedara en la sala presenciando el video, cosa que hizo, hundido en su silla y con las manos agarrándose la cabeza.

Testimonio por Liliana Fontana y por Pedro Sandovañ

2010-03-02T05:57:00.000-08:00

Silvia Graciela Fontana, hermana menor de una desaparecida, declaró ayer en el juicio oral contra los represores del circuito ABO. En su declaración narró el secuestro de su hermana Liliana (“Paty”) y su cuñado Pedro (“Erico”) acaecido el 1º de julio de 1977, tal como hizo en ocasión del juicio contra el ex gendarme Víctor Rei por la apropiación del hijo de la pareja, Alejandro.
Silvia detalló cómo fue la búsqueda de Paty y Erico; los hábeas corpus; la lucha de su madre Chela, una Abuela de Plaza de Mayo; los testimonios de sobrevivientes que confirmaron el nacimiento de su sobrino, y la última noticia sobre Paty brindada por un ex detenido del CCD La Perla, de Córdoba, ya sin su bebé y visiblemente maltratada.
La declaración de Silvia dejó en claro el papel decisorio del Turco Julián en el CCD Club Atlético, adonde estuvieron cautivos Paty y Erico. La fiscalía solicitó al tribunal que la mujer pudiera ver las fotos de legajo de los imputados para señalar al represor que comandó el secuestro, a lo cual las defensas de los acusados se negaron. No obstante, luego de media hora de deliberación, los jueces permitieron que la testigo observe las fotos.
Con la voz entrecortada, Silvia dijo sobre el Turco Julián: “Ojalá algún día su conciencia haga que le pueda decir a mi madre dónde está mi hermana”.

El debate oral se desarrolla los lunes, martes y miércoles por medio (ya que comparte sala con el juicio ESMA) de 9 a 17 en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 2, ubicada en el edificio de Comodoro Py, en el barrio de Retiro.

Juan Guillén testimonia por Trudi Hlaczik y por José Poblete

2010-03-02T05:39:00.000-08:00

De chico Juan Agustín Guillén padeció polio y perdió parte de una pierna. Desde entonces usa prótesis y muletas. En los años 70 fue uno de los fundadores del Frente de Lisiados Peronistas (FLP), la primera agrupación de discapacitados en participar de un movimiento político. Sorprendía verlos a todos juntos en las multitudinarias marchas de esos años, cuando todavía sus problemáticas permanecían más invisibilizadas que ahora.

Guillén arrancó su testimonio –que se extendió por casi dos horas– con la imagen de su ex mujer, Mónica, embarazada de cuatro meses, exactamente el 7 de diciembre de 1978. “Ya teníamos un hijo, Juan Pablo. Fuimos a la zona de Pacífico a mirar regalos para navidad. En un momento, ella me dice que tenía ganas de llamar a la mamá. Busqué un teléfono público, ella se quedó ahí y yo le compré un ramo de jazmines. Cada vez que le compraba un ramo de jazmines algún lío teníamos”, recordó Guillén, permitiéndose una sonrisa.
–Tengo una buena noticia –dijo Mónica–. Mi vieja me contó que llamó Trudi.
Trudi era el apodo de Gertrudis Hlaczik, esposa de José Livorio Poblete Roa, otro de los fundadores del FLP. “Mónica y Trudi habían ido a la escuela juntas, eran muy amigas, pero hacía como un año y medio que no se veían”, precisó Guillén. Mónica, que era ciega, insistió en visitar a su madre esa misma tarde pese al desacuerdo de su marido. Éste, por su parte, volvió para Villa Domínico, el barrio donde vivían, recogió a su hijo de cuatro meses de lo de una vecina, lo bañó, lo durmió y se puso a leer un libro que se había comprado un rato antes en la estación Constitución.
“Estaba tan interesante el libro que no me di cuenta del paso del tiempo, dos, tres horas pasaron. En eso, la cortina se movió de una manera muy rara, seguí leyendo, levanté la vista y vi la cabeza de un hombre que se asomaba por la ventana”.
–No te muevas o te vuelo la cabeza –fue la orden, y de inmediato ingresaron a la vivienda “cinco o seis hombres” fuertemente armados–. ¿Dónde están los fierros?
–Acá no hay ningún fierro –respondió Guillén, cuyos únicos fierros eran sus muletas y su prótesis.
–¿Dónde están los dólares? –preguntaron entonces.
–¿Qué dólares? –repreguntó Guillén mientras los intrusos subían la escalera y bajaban con el niño.
–Te vamos a llevar a vos y al nene –dijo el hombre que comandaba el operativo.
Así fue. A Guillén lo esposaron, le vendaron los ojos y lo metieron a un coche. Su hijo Juan Pablo, adelante, en brazos de un represor. Cuarenta y cinco minutos después, el testigo escuchó un portón abriéndose y al vehículo estacionarse. Lo bajaron y lo condujeron hasta una oficina. De allí lo trasladaron a través de un pasillo. “Yo percibía que había varias personas pero todas en silencio –dijo Guillén–, y se sentía el olor a tabaco de filtro”. Finalmente, se detuvieron.
–Yo soy el Turco Julián –se presentó el represor.
–¿Dónde está mi señora? –preguntó Guillén.
–Contame todo.
–No sé qué quiere que le cuente.
–Ponete contra la pared.
Julio Simón, tal el nombre real del represor, comenzó a golpearlo en la espalda. Le pegó y le pegó hasta que Guillén cayó agotado. Lo encerraron en un tubo cuyo único objeto era un colchón lleno de sangre. El torturado trató de calmar el dolor en la espalda frotándose contra el frío cemento del piso. Al día siguiente los secuestradores le exigieron a Guillén que escribiera “todo”. El hombre simplemente confirmó lo que sus victimarios ya sabían: que había militado en Cristianos para la Liberación y en el FLP.
De vuelta en el tubo, Guillén conoció la rutina del centro clandestino. Luz artificial durante todo el día, el ruido de un extractor de aire, los gritos de los supliciados. “Era enloquecedor”, dijo Guillén. Cierto día, escuchó una voz conocida. Era la de Trudi Hlaczik, la amiga de su mujer. “Entonces me paré, la vi pasar y la llamé en voz baja”.
–A Mónica le dieron picana. Está en la enfermería con pérdidas –le dijo Trudi, que formaba parte del grupo de detenidos obligados a limpiar el lugar.
Guillén le vio un moretón que le cubría la mitad de la cara. El represor Colores, al momento de secuestrarla, le había dado un culatazo con una Itaka. Guillén le preguntó a Trudi por su beba, Claudia Victoria. “Ya se la mandaron a mis viejos”, respondió Trudi, que aún no sabía que su hija ya había sido apropiada.
En su testimonio, Guillén mencionó a varios ex detenidos con quienes compartió su cautiverio en El Olimpo, muchos por sus apodos. “Hueso, Susana Caride, Mario Villani y su señora, Laura, Rengel, Isabel Fernández Blanco, el Pato y la Pata, Isabel Cerruti junto a otros familiares, Julia Zabala Rodríguez, Ernesto y la Negrita, Chocolate, Pepe, Jorge Paladino”. Asimismo, confirmó que Marta Vaccaro, quien continúa desaparecida, estaba embarazada.
Días después, Mónica, la mujer de Guillén, fue sacada de la enfermería y encerrada en el mismo tubo que su marido. El hijo de ambos fue llevado con la madre de Mónica. Guillén se encontraría luego con José Poblete. Se abrazaron. Pepe le pidió que cuando saliera en libertad fuera a visitar a su madre, Buscarita, promesa que Guillén cumplió. Pese a que lo liberaron, Guillén y su esposa estuvieron bajo vigilancia durante más de dos años.

El debate oral se desarrolla los lunes, martes y miércoles por medio (ya que comparte sala con el juicio ESMA) de 9 a 17 en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 2, ubicada en el edificio de Comodoro Py, en el barrio de Retiro.

Tres hijos testimonian por sus padres desaparecidos

2010-03-02T05:27:00.000-08:00

Con todas las partes representadas en la sala, se reiniciaron hoy las declaraciones testimoniales del juicio por los crímenes cometidos en el circuito ABO. El primer turno fue para Fernando Daniel Tocco Basualdo, cuyo padre desapareció el 12 de junio de 1977, un mes antes de que él naciera, de allí que su relato se basó en la reconstrucción familiar del hecho.
“Lo detuvieron en la vía pública, entre la una y las tres de la tarde, no hay testigos del secuestro. Era empleado, no había terminado la secundaria, tenía apenas veinte años”, contó Fernando, quien agregó que desde ese momento su madre, María Esther Basualdo, extremó las precauciones porque también la buscaban a ella. Fernando consignó que los sobrevivientes Ana María Careaga y Miguel Ángel D’Agostino vieron a su padre en el CCD Club Atlético.

Acto seguido, declaró ante el TOF Nº 2 Julieta Risso, hija de los desaparecidos Daniel Risso y Nidia Puerta. “Ella era maestra y tenía un fuerte compromiso con Cristo. Mi papá se crió en Gualeguaychú hasta que terminó la secundaria y se vino a Buenos Aires a estudiar educación física”, detalló, “con mi mamá se conocieron en un campamento de los grupos juveniles de la iglesia”.
Nidia, la madre, era de Villa Celina, donde hacía trabajo de base junto con su marido. “Participaron de Liberación Igualdad Cristiana, donde publicaban una revista. Después se comprometieron más profundamente y militaron en el peronismo, inicialmente en la agrupación 9 de Junio, luego en el MR17 que más tarde se fusionaría con el FRP convirtiéndose en el FR17”.
Mientras iban cayendo compañeros de militancia, las fuerzas represivas los fueron a buscar a la casa de sus abuelos. Golpes, amenazas e interrogatorios debieron padecer sus abuelos y un peón de la pizzería familiar, a quien incluso le llegaron a gatillar sin balas para que hablara.
El 11 de septiembre a la noche, mientras celebraban el cumpleaños de Noel Hugo Clavería, un compañero que vivía con ellos en un departamento de Villa Tesei (por entonces Morón), sintieron pasos en los techos y apagaron las luces. “Enciendan las luces si no abrimos fuego”, gritaron los secuestradores. “Hay chicos y una mujer embarazada”, respondió el papá de Julieta. “Salgan con las manos en la cabeza”, fue la orden. Así procedieron. A Daniel Risso y a Clavería los tabicaron, esposaron y golpearon. A María Esther la hicieron revolver toda la casa en busca de información incriminatoria.
“Los vecinos, hasta hoy, tienen miedo de hablar del tema. Fue un operativo muy grande”, explicó Julieta. A poco de llevarse a su padre, hicieron lo propio con su madre.
Culminado el testimonio de Julieta, fue el turno de su hermano, Pablo Martín Risso, que al momento del operativo era un niño de tres años. “Tengo recuerdos muy vagos de mi mamá y un perro que teníamos”, señaló, “recuerdo que a mi papá lo encapucharon con un vestido de mamá”. Por mucho tiempo, Pablo Martín no pudo ir a ningún cumpleaños porque rompía en llanto.
Pablo confirmó todos los dichos de su hermana. Añadió que los represores le dijeron a su abuelo que el boleto de compra-venta del departamento de Tesei estaba a nombre de su mamá, lo cual, según los represores, era prueba de que se trataba de una casa comprada por “la organización”, ya que habitualmente las ponían a nombre de las mujeres. Vaciaron el inmueble, hay vecinos que aseguran que se peleaban por el botín. Al abuelo le quitaron la chequera, le incautaron los fondos y le robaron la pizzería.
Entre el público, Julieta, su hermana, se abrazaba con Delia Barrera y Ferrando, sobreviviente del Atlético. Pablo, con las fotos de sus padres y visiblemente emocionado, cerró su declaración destacando el valor de que se juzgue a los responsables de la desaparición de sus padres.

Previo al comienzo de la audiencia de hoy, fiscalía y querella pidieron al tribunal que incorporara a la prueba reunida los documentos desclasificados referidos al Batallón 601, en donde figuran nombres de represores y sus respectivos alias (el de Guglielminetti por ejemplo, imputado en este juicio). La querella, tal como hizo antes la fiscalía, desistió dos testigos: la Abuela de Plaza de Mayo Buscarita Roa y su hijo Fernando Navarro Roa. Elevó la petición, asimismo, de que se reprograme la declaración de Natalia Matheu para el 5 de mayo próximo, pedido al cual hicieron lugar los jueces. A las 15.30, finalizado el veredicto de la causa LAPA, declarará el ex detenido-desaparecido Juan Agustín Guillén.
Febrero 2010

El debate oral se desarrolla los lunes, martes y miércoles por medio (ya que comparte sala con el juicio ESMA) de 9 a 17 en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 2, ubicada en el edificio de Comodoro Py, en el barrio de Retiro.

"Ahora somos los dueños de sus vidas"

2010-03-02T05:05:00.000-08:00

Por Natalia López
"Ahora somos los dueños de sus vidas". Eso fue lo que le dijeron a Rufino Jorge Almeida y a su mujer Claudia Estevez el día que los secuestraron. A partir de ese momento, pasaron a ser G55 y G56, primer indicio de lo que Almeida después describiría como una “metodología del miedo”.
Para obtener información sobre una persona (aparentemente adinerada) de nombre Viviana, los secuestradores llegaron a aplicarle picana y golpes de todo tipo, incluso con cadenas. Presenció, además, los maltratos perpetrados a su mujer, y la palabra “maltrato” queda chica cuando cuenta que le arrancaron parte del cuero cabelludo. Pero una de las peores torturas, a su criterio, fue estar ahí, escuchar los gritos, el dolor, los llantos, teniendo que además bancar humillaciones y promesas indignas como la de llevarlos a una “granja de recuperación”.
Su liberación tuvo que ver supuestamente con una “nueva política”: recuperar a la juventud. Para eso también había un plan. Primero la fantasía de obtener la libertad sin saber con certeza si eso iba a suceder realmente, luego nuevos interrogatorios y, una vez liberados, llegaron los controles -que eran visitas a distintas horas a su casa para asegurarse de que estuvieran siguiendo las órdenes acerca del comportamiento que debían mantener-. Por otro lado, todos los miércoles tenían la obligación de llamar a un número de teléfono para reportarse desde julio de 1978 hasta 1983, año en que la voz femenina que atendía le dijo a Almeida: “No llames más”. Ese llamado, impuesto, era lo que les recordaba que ellos “estaban ahí”.
Algunos de los torturadores identificados por el testigo fueron los apodados: Cobani, el Padre, Soler, Centeno, Facundo, el Polaco, Paco, Miguelito, Colores, el Turco Julián, Kung Fu, el Negro Raúl, Angelito y Rolando.
Una última acción, antes de liberarlos, fue el atrevimiento de llevar al padre de Almeida al último interrogatorio para que escuchara las actividades políticas/ gremiales en las que su hijo estaba involucrado. De ahí en más, sería “responsabilidad” del padre mantener a su hijo al margen de todo aquello.
Almeida fue claro y contundente en su testimonio, cuando describió el terror empleado por los represores: "Nos golpearon, violaron a las mujeres, nos torturaron. Ahora yo soy Abuelo, se robaron los bebés. ¿Qué les faltó?
Diciembre 2009

El debate oral se desarrolla los lunes, martes y miércoles por medio (ya que comparte sala con el juicio ESMA) de 9 a 17 en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 2, ubicada en el edificio de Comodoro Py, en el barrio de Retiro.

Delia Barrera, sobreviente de ccd Club Atlético

2010-03-02T04:59:00.000-08:00

Hacía tres meses que Delia Barrera y Ferrando (22) y Hugo Alberto Scutari (25), ambos militantes de la JUP, se habían mudado juntos. Cinco años de novios y un proyecto de vida en común se truncarían de golpe el 5 de agosto de 1977.
Ese día Hugo fue secuestrado cerca de la estación Primera Junta, en el barrio porteño de Caballito, y horas más tarde se llevaron a Delia. Hugo, quien se desempeñaba como empleado bancario (era también delegado de base) y estudiaba Derecho, sigue desaparecido. Delia, por su parte, sobrevivió al terrorismo de Estado y ayer declaró ante el TOF N° 2, encargado de juzgar los crímenes cometidos en el circuito ABO.
“En la puerta de mi edificio me vendaron los ojos, me esposaron, me pusieron un cuchillo en el cuello y me tiraron adentro de una ambulancia. Ahí, contra el piso, me bajaron los pantalones y me metieron un dedo en la vagina. ‘Estoy buscando la pastilla de cianuro’, me dijo uno de estos torturadores, mientras me apuntaba con un revólver en la cabeza”.
A poco de arrancar, a Delia le preguntaron si conocía el tango “Caminito”. “Sí, lo conozco”, respondió ella, y acto seguido los secuestradores comenzaron a cantarlo y la obligaron a ella a hacer lo mismo. Desde entonces, Delia siente asco cada vez que escucha ese tango.
Después de un viaje de unos tres cuartos de hora, la bajaron del vehículo, la ingresaron al centro clandestino de detención Club Atlético, le quitaron el sueldo (que había cobrado ese día) y lo poco de valor que tenía encima. A partir de allí, dejó de ser Delia y pasó a ser “H-26”, tal el nombre que le asignaron en el campo.
La arrojaron en una sala oscura, sola, desnuda y engrillada. “Quedate tranquila que estoy acá”, alcanza a oír Delia. La voz de Hugo, capturado horas antes que ella, efectivamente la calma, pero dura poco, al rato los sacan al pasillo y los conducen a “la leonera”, donde son picaneados y golpeados. El represor Juan Carlos Falcón, alias Kung Fu, reprochó a sus subordinados por no golpear demasiado fuerte a los detenidos. “Yo les voy a demostrar cómo se pega”, dijo.
En “el quirófano”, además de Kung Fu, estaba Eufemio Jorge Uballes (“Führer”), quien, haciendo gala de su apodo, hacía gritar a los supliciados “Heil Hitler”. También estaba “Doctor K”, Eduardo Emilio Kalinec. “Boluda, tenés las costillas fisuradas pero no te podemos vendar porque te podés ahorcar con las vendas”, le dijo a Delia luego de una brutal tortura.
Kalinec presenció el testimonio de Delia en la sala de audiencias, pese a que ésta hubiera preferido no sentir la mirada de ex policía federal. Con valentía, Delia recordó con detalles el horror que padeció adentro del Club Atlético. La acompañó una foto de Hugo, que colocó sobre una maqueta del centro clandestino, y los cientos de familiares y militantes por los derechos humanos que llenaron la sala y la aplaudieron entre lágrimas. Una mujer, en la bandeja superior, no aplaudió. Era una hija de Kalinec, de unos treinta y cinco años, quien seguramente aún no puede creer las cosas de las que fue capaz su padre.

Boletín AEDD 626

2010-01-14T14:17:00.000-08:00

Gacetilla de Prensa

JUICIO ATLÉTICO-BANCO-OLIMPO

MAÑANA: VIERNES 15 de enero a las 9.00 horas

SIGUEN LAS AUDIENCIAS TESTIMONIALES

Continuarán mañana las audiencias testimoniales en el juicio por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como El Atlético, El Banco y El Olimpo. La audiencia comenzará a las 9 de la mañana..

Convocamos a todos los compañeros y las compañeras a presenciar el juicio para exigir la condena a todos los genocidas. Para acreditarse, deberán concurrir con documento de identidad al sexto piso de los Tribunales de Comodoro Py. (TOF 2)

LOS GENOCIDAS
1- Samuel Miara, Policía Federal Argentina, Alias “Cobani”.
2- Oscar Augusto Isidro Rolón, Policía Federal Argentina, alias “Soler”.
3. Julio Héctor Simón, Policía Federal Argentina, alias “Turco Julián”.
4- Raúl González, Policía Federal Argentina, alias “Mayor Raúl” o “El Negro”.
5- Juan Carlos Avena, Servicio Penitenciario Federal, alias “Centeno”.
6- Eufemio Jorge Uballes, Policía Federal Argentina, alias “Anteojito Quiroga” o “Führer”.
7- Eduardo Emilio Kalinec, Policía Federal Argentina, alias “Dr. K”.
8- Roberto Antonio Rosa, Policía Federal Argentina, alias “Clavel”.
9- Juan Carlos Falcón, Policía Federal Argentina, alias “Kung Fu”.
10- Luis Juan Donocik, Policía Federal Argentina, alias “Polaco Chico”.
11- Guillermo Víctor Cardozo, Gendarmería Nacional, alias “Cortés”.
12- Eugenio Pereyra Apestegui, Gendarmería Nacional Argentina, alias “Quintana”.
13- Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino, alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”.
14- Ricardo Taddei, Policía Federal Argentina, alias “Cura” o “El Padre”.
15- Enrique José Del Pino, capitán del Ejército Argentino, Batallón de Inteligencia 601, alias “Miguel”.
16- Carlos Alberto Roque Tepedino, Jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino.
17- Mario Alberto Gómez Arenas, Segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601.

EL TRIBUNAL
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 estará a cargo de este juicio, integrado por los jueces Dr. Jorge Alberto Tassara (presidente del tribunal), la Dra. Ana María D´Alessio, la Dra. María Laura Garrigós de Rébori, y la Dra. María del Carmen Roqueta (4° juez).

LOS COMPAÑEROS
En este juicio se tratarán los delitos cometidos contra 184 compañeros. Por el homicidio de dos de ellos y la privación ilegal de la libertad de un menor se juzga a cuatro represores; por la privación ilegal de la libertad y tormentos de 181 compañeros, se acusa a quince.

¡Condena a todos los genocidas. Justicia para todos los compañeros!

Contactos de prensa:
AEDD - Dra. Elea Peliche: 1554287881
APEL - Dra. Claudia Ferrero: 1556045905
CODESEDH - Dra. Liliana Molinari: 1551766480
justiciaya2004@ yahoo.com. ar
Justicia YA! Buenos Aires

Justicia YA! Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparec idos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.

Impressions sur l’ouverture du jugement

2010-01-05T18:48:00.000-08:00

Source : Fondation Pierre Besnard

Impressions sur l’ouverture du jugement des répresseurs des camps de concentration d’Atlético, Banco et Olimpo, aux côtés de María Esther Tello, mère de Pablo Daniel Tello et de Rafael Arnaldo Tello (le troisième fils Marcel Tello a été disparu à Córdoba quelques jours avant le putsch militaire)

vendredi 27 novembre 2009.

Contexte juridique

Les lois du premier président de la période démocratique actuelle, Raúl Alfonsín, de point final et d’obéissance due qui protégeaient les criminels de la dictature militaire ont été annulées par le Congrès en septembre 2003, déclarées inconstitutionnels par la Cour suprême en juin 2005.

Mais sur le total des responsables des disparitions dans environ 340 centres clandestins (depuis les membres des “groupes de tâche” pour arrêter et séquestrer jusqu’aux personnes chargées de l’entretien des « picanas » [gégène en Algérie ou générateur électrique variable pour transmettre des décharges sur les corps] et évacueurs de cadavres il y en aurait environ 2.500) quelques centaines sont mis en accusation.

Le juge Félix Crous, chef de l’Unité d’assistance aux jugements sur le terrorisme d’État de la “Procuración”, à La Plata capitale de la province de Buenos Aires, a déclaré : Je pose la question : pour quelle raison les tribunaux oraux de La Plata font des jugements et pas ceux de la capitale ? [...] le droit est de façon impressionnante fertile pour garantir quelque chose lorsqu’il s’agit d’un secteur social et stérile pour entraîner des résultats quand cela concerne un autre secteur social. Les Forces armées font toujours partie des structures de pouvoir de ce pays. Et le pouvoir judiciaire également. [...] Le jour où nous aurons condamné un marin, ou un membre d’un autre corps que l’infanterie, Nous allons sans doute avancer. (Página 12, 01.07.07)

Son collègue le juge fédéral de La Plata Carlos Rozanski a affirmé “Nous ne pouvons pas passer 40 ou 50 ans à faire ces jugements”, (interview avec le présentateur et annaliste politique Eduardo Aliverti). Il a élaboré un plan présenté dans plusieurs ministères : La décision politique est que si allons utiliser le projet il faut qu’il y ait les moyens de le mener à bien, car cela signifie des gens qui travaillent, des lieux de travail, des ordinateurs, tout ce qui est nécessaire pour que cela se fasse plus ou moins bien [...] Si les ressources sont là, je dirais qu’en quatre ans tous les jugements doivent être finis. (Página 12, 05.03.08.)

Un exemple de la situation complexe évoquée par le juge Félix Crous est le cas du général Luciano Benjamín Menéndez, responsable du III corps d’armée. En juillet 2008, une sentence du Tribunal oral fédéral N° 1 de Córdoba l’a condamné à perpétuité en prison de droit commun, mais il y a eu une série d’allées et de venues entre le retour à l’arrestation domiciliaire (juin 2009) et prison de droit commun. Et la situation n’a pas changé avec une autre condamnation à perpétuité en août 2008 par un tribunal de Tucumán.

Bien avant il y eut une initiative incroyable : le 21 avril 1998 la Chambre fédérale de La Plata a décidé d’ouvrir le Jugement pour la Vérité, un procès judiciaire sans conséquences pénales. “L’idée était de créer un forum public pour l’opinion à La Plata qui serve à secouer, réactualiser ce terrible passé de la ville et qui puisse permettre alors de repousser la peur demeurée incrustée à l’époque de la dictature, qui ici, me semble-t’il, était celle de Camps [un génocidaire]”, soutient le juge de la Chambre fédéral Leopoldo Schiffrin. Ce travail a été repris par le juge d’instruction Félix Crous, envoyé à La Plata par la « Procuración » générale de la nation en 2002, spécialement pour enquêter sur le terrorisme d’État. Le juge d’instruction prit les dénonciations faites pour le Jugement pour la Vérité, et les inscrivit dans les tribunaux pénaux. [La Pulseada, N°37, mars 2008).

Leopoldo Schiffrin, affirme que Un cas isolé de torture ou un cas isolé de disparition forcé de personne même dans le meilleur régime d’État de droit sont des délits de lèse humanité s’ils sont commis dans le cadre de l’appareil étatique ou quasi étatique. C’est pour cette raison que je ne partage pas la jurisprudence de la Cour dans le cas René Jesús Derecho, en date du 11 juillet 2007, qui a décidé qu’un seul cas de torture commise par un membre de la police fédérale sur une personne détenue dans un local de ce corps ne constitue pas un crime de lèse humanité. (Página 12, 13.10.08)

Daniel Rafecas, juge fédéral en charge du tribunal national des affaires criminelles et correctionnel fédéral N° 3, est celui qui a donné l’impulsion au lancement des jugements contre des responsables du I corps d’armée et surtout du Tribunal oral fédéral 2 (TOF2) qui autorise une certaine visibilité aux citoyens. Tout à l’opposé du TOF5 qui empêche tout geste et signe politisé.

Ouverture

L’ambassadeur de France et son premier secrétaire sont venues à l’ouverture du jugement (grâce au travail infatigable de l’avocat des Français disparus Horacio Méndez Carreras) manifester leur soutien à María Esther Tello, mère de deux franco-argentins disparus par une partie des accusés. Ce fut très important, parce qu’il y a eu un dialogue chaleureux et l’affirmation que c’est là un pas décisif pour la justice argentine et française.

C’est une attitude de respect de la personnalité de ces deux disparus franco-argentins indépendamment de leur engagement dans Resistencia Libertaria ; ce qu’aucun organisme proche ne reconnaît en France et uniquement quelques individualités en Argentine, comme si le silence et la honte de l’époque de la dictature militaire prédominaient encore chez les libertaires du Rio de La Plata.

C’est également un avertissement clair aux juges qu’il existe un suivi international, ce qui n’est apparu pour aucun autre jugement précédent. Il est ainsi probable que le geste soit à replacer dans le système complexe d’échanges avec la France du gouvernement argentin (l’ambassadeur n’a été accompagné par aucun membre des Affaires étrangères ou de son département de Droits humains, ni non plus du ministère de la Justice et des droits de l’homme de la Nation).

Le calme apparent des deux Mères de la place de Mai, la peine retenue et simultanément la stupeur d’être arrivées à cette étape après 33 ans de lutte, d’attente, d’espoir, de doute et de désespoir, qui ont été présentes de 13 h 30 à 19 h, Elia Espen et María Esther Tello contrastait avec des périodes d’explosions de douleur et de rage de certains jeunes fils de disparus, membres ou pas de HIJOS [enfants pour l’identification et la justice, contre l’oubli]. D’autres Mères étaient là au début.

La précision de l’accusation a été remarquable sur les multiples rôles des imputés dans la séquestration, les interrogatoires, les tortures ou la surveillance des prisonniers. L’accusation s’appuie sur l’occultation d’identité des génocidaires, la privation illégale de liberté, les tortures appliquées et la participation à un système de répression planifiée.

Paradoxe de la situation : le soutien des membres des familles des répresseurs (situés dans une tribune à verre blindé), par exemple le sourire de Raúl Guglielminetti, génocidaire et ex garde du corps du président Raúl Alfonsín. Les membres de familles de disparus et une partie du public (dans la même salle que les juges et les accusés, mais séparés par une cloison en verre blindé, montraient des photos de disparus aux répresseurs pendant les deux poses ou agitaient leurs poignées réunis, signal que les répresseurs sont maintenant des détenus.

La maladresse des avocats de la défense a été sinistre, lorsqu’ils ont parlé d’attentat à “l’intégrité des imputés” sous entendu parce qu’ils avaient déjeuné trop vite !!

Un avocat de l’accusation a présenté deux demandes : que les plaignants puissent assister aux séances puisque 33 ans après les faits avec les transformations physiques des répresseurs, l’identification est presque impossible ; que liste soit donnée des visiteurs des accusés pour prévenir un autre cas Héctor Febres [officier de marine qui commençait à dénoncer ses camarades et qui mourut subitement en décembre 2007 en prison dans un bâtiment de la police de la marine].

L’imprécision répétée des juges était fort visible, mais le lendemain ils acceptèrent les deux demandes.

Frank Mintz, 27 novembre 2009.

TESTIMONIO DE LAS VICTIMAS EN EL JUICIO POR LOS CENTROS ATLETICO, BANCO Y OLIMPO

2009-12-21T22:18:00.000-08:00

Carlos Pisoni, militante de H.I.J.O.S, se paró frente a los represores del Primer Cuerpo de Ejército para exigirles que “si les queda algo de valentía” informen sobre el destino de los desaparecidos. Toda la sala lo aplaudió de pie.

Por Diego Martínez

“Me hubiera encantado que mi papá me enseñara a hacer un asado, recibir caricias de mi mamá, gritar los goles del Enzo con mi viejo y tener un hermano”, confesó Carlos Pisoni, militante de H.I.J.O.S., frente a los represores del Primer Cuerpo de Ejército. “Fuimos muchos quienes sufrimos esas pérdidas”, aclaró, y celebró que “los responsables estén sentados en el banquillo”. Cuando concluyó sacó una foto con rostros de desaparecidos de los centros Atlético, Banco y Olimpo, incluidos sus padres, con quienes compartió sólo 37 días, y les habló a los imputados: “Lo único que les pido, si les queda algo de valentía, es que digan dónde están los cuerpos. Todavía tienen la oportunidad”, les advirtió, mirándolos a los ojos. Toda la sala lo aplaudió de pie.

El subsuelo de Comodoro Py estuvo ayer colmado. Salvo tres allegadas a los policías, el resto eran sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas, todos sentados gracias a los lugares vacíos destinados a la prensa. Cuando Delia Barrera se aprestó a dar testimonio, con la foto de su marido en la mano, varios represores prefirieron retirarse. Esposados en parejas, cantando bajito, se fueron Julio Simón, Samuel Miara, Ricardo Taddei, Raúl González, los gendarmes Guillermo Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui y el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.
“Hace 32 años espero este momento”, aclaró Barrera, que estuvo 92 días en Atlético. Su compañero Hugo Scutari, militante de la JUP y delegado del Banco Nación, fue secuestrado el 5 de agosto de 1977. Minutos después una patota encabezada por Juan Carlos Falcón, alias Kung Fu, se la llevó de su casa. En Atlético pasó a ser “H26”. Le pusieron antifaz y le ataron los pies con cadenas y candados. “Primero me desnudan y me largan un perro ovejero. Luego me golpean en la cabeza y el estómago, me hacen agarrar un cable con electricidad”, recordó, y enfatizó el rol de Falcón, que criticaba a otros torturadores porque, decía, “no saben cómo se pega”. De los presentes padeció con certeza a dos: “El Fuhrer (Eufemio Uballes) nos hacía gritar ‘Heil, Hitler’ en las torturas”, dijo. “A Doctor K (Eduardo Kalinec) lo vi en la enfermería. Me dijo ‘tenés la costilla fisurada pero no te vendo porque te vas a ahorcar’”, recordó.
El 20 de septiembre tuvo el último contacto con su compañero. “Sé fuerte y no me abandones”, fueron sus últimas palabras. Luego les negaron un abrazo de despedida. “Quedate tranquila, va a una granja de recuperación”, le mintió el comisario Antonio Fioravanti, que murió impune en 1985. Cuando las preguntas concluyeron, Delia contó que honraba por séptima vez el compromiso de dar testimonio asumido en cautiverio. Luego se dirigió a sus torturadores. “Sepan bien que no cumplí con el mandato de silencio, que no pudieron quebrarme y que voy a seguir hasta el último día”, prometió. Les aclaró que la acompañaba la familia que formó al ser liberada pero también su primer compañero y los desaparecidos que conoció, y leyó sus nombres. Cerró con un pedido a los jueces: “No nos abandonen”.

“No sé cómo caminaban”

“Me arrancaron de los brazos de mis viejos cuando tenía 37 días”, arrancó Carlos Pisoni, con pañuelo de H.I.J.O.S. en el cuello. Su padre Rolando, de 29 años, estudiaba ingeniería y militaba en la JUP. Su mamá, Irene Bellocchi, 27 años, era delegada en el Banco Galicia y militaba en la JTP. “Desaparecieron porque eran militantes. En H.I.J.O.S. estamos orgullosos de nuestros padres y no reivindicamos su lucha como utopía, sino que perseguimos sus objetivos: no queremos pibes muertos de hambre”, aclaró Pisoni, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad.
“Gracias a sobrevivientes pude saber que despojaron a mis padres de su identidad: pasaron a ser H24 y H25”, relató, y volvió al significado de ser hijo de desaparecidos. “No recuerdo sus voces, no tengo la imagen de ellos en mi retina, no sé cómo caminaban”, explicó a los jueces. “Puedo dar testimonio gracias a una vecina que me llevó con mi abuela. Gracias a esa vecina, a quien me gustaría conocer (el operativo fue el 5 de agosto de 1977 en Mármol 483), no soy uno más de los pibes robados”, aclaró.
Testigo y querellante, Pisoni recordó la trilogía “Dios, Patria, Hogar” invocada por los militares y juzgó “incongruente que una persona de moral cristiana pueda cometer el pecado más grande para un creyente, como es matar, matar y matar”. Lamentó “el rol de la Iglesia que los confesaba”, destacó que “hay centenares de Von Wernich” y diferenció a “la Iglesia cómplice de la verdadera, la de Mujica, Angelelli y los palotinos, que sufrió tortura y desaparición como nuestros viejos”.
Su abuela, Aurora Zucco de Bellocchio, pañuelo de Madre de Plaza de Mayo en la cabeza, confesó que desde que recibió a su nieto “supe que iba a estar siempre pegado a mi corazón”. Contó que tras los secuestros recibió un llamado de Rolando para preguntarle si le habían dado a su hijo. “Estoy tranquila porque sabemos que mamá tiene al nene”, le dijo Irene a un sobreviviente, que en los ’80 ubicó a Aurora. La mujer diferenció también las caras de la Iglesia: su asesor espiritual Fernando Carballo le dijo “El que las hace las paga”; el cura Jorge Aguiar aceptó dar una misa por desaparecidos, pero él mismo desapareció antes de concretarla. “Al tiempo me contó que se despertó en un psiquiátrico del sur bonaerense”, recordó. “No pensaba que este momento iba a llegar”, confió a los jueces. Lamentó “el abandono que sufrimos por gran parte del pueblo” y expresó su deseo “de que esta Justicia haga lo que debió haber hecho muchos años antes”.

María Esther Vizcayar de Tello encara a los genocidas por el destino de sus tres hijos.

2009-12-15T11:51:00.000-08:00

Madre de tres desaparecidos reclamó a sus torturadores conocer el destino que corrieron sus hijos (*)

Pasadas las diez se convocó a un cuarto intermedio hasta las pesadas y húmedas dos de la tarde en Buenos Aires. Media hora más tarde de lo pronosticado, comenzó lo interesante: previo a las indagatorias, la Secretaría informaba de un tímido pedido de los imputados de “trasladarse a una sala contigua.” (imaginé entonces al director de un film de terror que, luego de acabada su película, suplica que le venden los ojos para no ver las escenas más cruentas). Inmediatamente, un murmullo de repudio y desprecio salpicó la sala, por lo que las causas de esa pretensión quedaron sumergidas bajo el peso de frases como:

“Cobardes. Para torturar estaban presentes.”

“Serán cobardes hasta el último día de su existencia.”

Y otras mucho menos indulgentes como para transcribir en esta crónica.

Luego de ser aceptado el mísero pedido por la presidencia del Tribunal, los acompañantes de los represores, miembros del Servicio Penitenciario Federal, esposaron a los reos con extremo cuidado –cual pequeña que viste a su muñeca con chocantes artefactos- y los llevaron fuera de la sala por una puerta lateral, cercana al estrado. Nadie volvió a verlos pero permanecían “en el ámbito del Tribunal”, según la jueza. Sólo quedaron presentes los inculpados Roldán, Donocik, Kalinec y Avena, quienes no adhirieron a la solicitud de escape.

María y sus hijos

Acto seguido, María Esther Biscayart de Tello hizo su ingreso a la sala con pasos cortos y firmes, y brindó su memoria para ser indagada respecto a las sucesivas desapariciones de sus hijos Mariano, Pedro Daniel y Rafael, todos de apellido Tello.

Un dato curioso, impactante: luego de la lectura del artículo 275 (que prevé el delito de falso testimonio) y la correspondiente toma de juramento, el secretario consultó a la interrogada acerca de si posee un vínculo de amistad o enemistad con las personas imputadas en este proceso, cualidad que afectaría su capacidad para declarar. Dirán los especialistas que es un formalismo que proviene de añares de tradición judicial, pero, pregunto –si es que nos queda algún residuo de sentido común y vale la pena arrojarlo sobre la mesa- ¿qué necesidad hay de hacer informar a una madre de cuatro desaparecidos que no desprecia, que no considera enemigos, a los captores de sus hijos?

Las respuestas de María fueron precisas y seguramente será de los testimonios más contundentes para la resolución del caso. Narró sucesos que parecían esculpidos a fuego eterno en su memoria, sin titubeos ni contradicciones, aportando un cúmulo de nombres, fechas, y precisiones. Con la seguridad que le otorgaba el inadmisible olvido, y por momentos, con lo que parecía una garganta bañada en lágrimas, María Esther les exigía a sus hilos de voz dar testimonio completo.

Un resumen de lo narrado por María a lo largo del extenso interrogatorio:

El 31 de mayo de 1978 María Esther Biscayart de Tello no estaba en el país. Sus hijos Mariano, Pedro y Rafael, sí y eran arbitrariamente secuestrados. Residiendo en Francia, ella conoce la noticia gracias a la carta de un gran amigo de la familia, Alfredo Cerami, quien advierte que, no conformes los militares con el secuestro y el saqueo de sus casas – que duró una semana entera-, también se habían llevado a sus esposas. Antes de que suceda esto, su hijo Marcelo, también había sido desaparecido dos años atrás, en Córdoba. Se comenzaron -por gestiones de la tía- recursos de habeas corpus y otros procedimientos para encontrarlos. En tanto, María, desde Francia, acudía todos los jueves a la Embajada argentina para lograr una audiencia con el cónsul. Semana tras semana, recibía la información de que nadie podía atenderla. “Sabía que el único recurso para sobrevivir al drama era la esperanza. Aprendí a esperar”. Cuenta que fueron manifestaciones infructuosas, pero útiles para reconfortarse. La acompañaron, luego de una gran difusión en la prensa, personalidades del cine, de la política, del arte. Presentó denuncias ante Amnistía Internacional y en la justicia francesa, así como también buscó el apoyo de la central de trabajadores de ese país.

Empresarios & militares

Pablo Daniel estudiaba en la Facultad de Arquitectura de La Plata y tuvo que comenzar a trabajar, al igual que Rafael –que hacía lo propio en Filosofía y Letras- porque luego de la muerte de su padre, “los recursos eran difíciles de distribuir”. Ellos habían asumido “la defensa de los derechos del trabajador y los más desposeídos” luego de vivir un tiempo en el campo y ver “las pequeñas explotaciones rurales”. Su padre, además de periodista, era sindicalista y había trabajado en Amour. Los dos hijos escribían cartas periódicas a su madre contando de sus vidas. En una de ellas, Pablo Daniel le manifiesta que el cuerpo de delegados de los Astilleros del Río de la Plata –lugar donde él trabajaba- desapareció (María aclara que eran los propios empresarios los que entregaban las listas internas a los militares). Poco tiempo después Pablo y Rafael también eran víctimas. Los testigos del secuestro cuentan que ambos fueron apresados de su lugar de trabajo -que pertenecía al arquitecto Jorge Harst- por vehículos sin chapa identificatoria. Los pusieron dentro del baúl. La primera tortura que sufrieron, camino al campo de concentración, fue un simulacro de fusilamiento. Tan real fue el simulacro, que los compañeros de trabajo fueron a darles el pésame a sus esposas luego de ser liberadas. Esto fue posible solo porque quince días después del secuestro, también fueron liberadas de noche, en una ruta, la esposa de Pablo Daniel y la de Rafael. Una de ellas contó que le asignaron un número en vez de un nombre, con el fin de eliminar su identidad. Como si fuese poco, también la obligaron a ver la tortura de su marido y de su cuñado.

En ese mismo campo de concentración al que llevaron a los hijos de María se encontraba Roberto Tito Ramírez, “en calidad de esclavo. Ya en libertad, viajó a Francia, y pidió ver a la madre de sus compañeros de tortura. Pero María no lo conocía, y estando al tanto del caso Astiz, se cuidaba de las infiltraciones, por lo que pidió que acuda a una de esas tantas caminatas hacia la embajada, con el fin de que otras personas lo reconozcan. Tito le dirá después: “Yo también hubiese desconfiado.” Tito, durante tres días, relató ante un tribunal francés todas las torturas a las que había sido sometido. Contó también que en una de esas tantas tandas de morbosidad, fue arrojado inconsciente en un pasillo. Luego de un tiempo escuchó unos pasos. Le dijeron: “Quedate tranquilo. Somos los Tello” En ese instante María se emociona y cuenta como “en las condiciones más atroces sus hijos conservaron un trozo de humanidad para ser solidarios.”

Luego de los tres días de testimonio, el juez se levantó y abrazó a María. Tito le dijo: “Gracias por los hijos que nos diste”. Según ella, fue uno de los momentos más intensos de su vida. Se pregunta ahora si ese tipo de emociones pueden tenerlas los represores. Culmina, muy segura: “Para mí las tienen negadas”.

Nobel Cóndor

En una de sus visitas a Francia, el inconsistente Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger fue llamado a prestar declaración por el juez Leloir - el mismo que había escuchado las declaraciones de Tito Ramírez- por un documento en el que expresaba “autorizar la represión en Argentina” y también por el Plan Cóndor (por el cual, entre la CIA y las dictaduras latinoamericanas, se coordinaba el secuestro de personas) Kissinger logró escapar de su hotel, sin expresar onomatopeya alguna.

María, lindando el fin de su declaración, dice: “Acá estoy. En la culminación de mis reclamos, aunque faltan otros. Mis hijos tenían derecho a organizarse para derribar la dictadura y yo también haré uso de mis derechos para informarme del paradero de mis hijos y por el reconocimiento del cadáver de Marcelo. Ellos saben que hicieron con los desaparecidos. Como ciudadanos de este país –si es que se consideran ciudadanos- tienen la obligación de contarlo.”

En ese momento, la abogada por la defensa, la doctora Corbacho pregunta a María si conoce las leyes de reparación para los familiares o las víctimas del terrorismo de Estado. “Sí, las conozco. Repiten el procedimiento de lo que hicieron en Alemania con los judíos.

Cuando termina su testimonio, María sale emocionada de la sala, y es recibida por otras Madres, que con pañuelos en la cabeza, la abrazan. Mientras, la audiencia también aplaude.

El siguiente testigo fue más escueto. Marcelo Damián Senra contó que su padre trabajaba en ENTEL, que era delegado sindical y no estaba afiliado a ningún partido político. A pesar de tener nueve años en el momento del secuestro, sabe que pasó por el Olimpo, según lo que pudieron contarle amigos íntimos en un reencuentro, muchos años después. Sus padres estaban separados. En el momento del secuestro, su papá vivía en casa de su abuela, en Darragueyra y Paraguay, en el barrio de Palermo.

Según la abogada Claudia Ferraro, integrante de la querella, los elementos salientes de los testimonios de hoy dan cuenta de la lucha en el exterior de las Madres. También destacó que se pudo reconstruir la desaparición de tres obreros de fábricas de Buenos Aires, lo que dice, da la idea de todo un método.

(*) Fuentes varias : La vaca, Agencias, etc.

Mas informacion sobre los desaparecidos franceses en el sitio de la familia DOMERGUE

Once imputados se niegan a declarar

2009-12-09T22:21:00.000-08:00

Un renovado pacto de silencio

Alineados frente al Tribunal Oral Federal 2, los militares, gendarmes y policías acusados por su actuación en el Atlético, El Banco y El Olimpo no hicieron uso de la palabra. Esta vez, las cámaras pudieron registrar los rostros de los victimarios.

Por Diego Martínez

El pacto de silencio se mantiene. Once imputados por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército que juzga el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) respondieron ayer que, por consejo de su defensora oficial Verónica Blanco, no iban a prestar declaración indagatoria. La jornada tuvo un comienzo inusual para la historia de los juicios a represores en Comodoro Py: una docena de fotógrafos y camarógrafos retrataron durante cinco minutos, antes del comienzo, a Guglielminetti, Simón & Cía. El proceso por secuestros y torturas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo continuará el lunes, cuando el TOF2 les conceda la palabra a los imputados que tienen abogado particular: el capitán Enrique Del Pino y los policías Samuel Miara, Eufemio Uballes y Roberto Rosa.

Cuando el gendarme Guillermo Cardozo pasó al frente, el resto de los imputados debieron abandonar la sala, esposados de a dos. La jueza Ana María D’Alessio le explicó que no estaba obligado a declarar, que no debía prestar juramento y que no se usaría el silencio en su contra.

–¿Entendió los hechos motivo de la imputación?

–No voy a declarar –se apuró el gendarme.

Con tono cordial, D’Alessio le explicó que debía responderle.

–Lo he entendido –se explayó.

Dio sus datos personales, ratificó la negativa y durante una hora escuchó su indagatoria en instrucción. Tras el Mundial de 1978, el coronel Roberto Roualdes lo designó en el Destacamento Móvil 1 de Gendarmería para “dar seguridad al lugar de reunión de detenidos en Lacarra y Falcón”, léase Olimpo. Debió “preparar a cuarenta hombres para dar seguridad” ante “posibles ataques subversivos”, dijo, y agregó que Roualdes le aseguró que eran “detenidos en transición” que “iban a recuperar su libertad”. Su mayor desafío fue enfrentar “la desmoralización de mi fuerza” por la mala comida, la falta de lugar de alojamiento y el maltrato de militares y policías que los consideraban “negritos del interior”. Fechó el “repliegue del personal” en enero de 1979, tras el último traslado de El Olimpo. “Gendarmería no tenía responsabilidad sobre terroristas detenidos” y tampoco sobre “la destrucción de documentos que probarían mi inocencia”, dijo. “No cometí delitos, simplemente cumplí con mi deber”, concluyó.

El comisario Raúl González dijo al pie de la letra las dos frases que le indicó su abogada: “Por pedido expreso de mi defensa me niego a declarar” y “Mi domicilio es la unidad penal de Marcos Paz”. En las declaraciones que le leyeron aseguró no haber conocido centros de detención. “Cumplía funciones técnicas, como oficial de comunicaciones”, agregó. Negó conocer los alias de los represores, excepto el de Julio Simón, “Turco Julián”, por las entrevistas en televisión.

Raúl Guglielminetti se presentó como “comerciante”. Dijo haber sido “empleado civil del Ejército durante cuatro años”, periodista en Neuquén y hombre abocado a “actividades privadas” en Estados Unidos y España.

–¿Va a prestar declaración? –preguntó D’Alessio.

–No en este momento, señora presidenta –dijo.

Su indagatoria en instrucción fue breve. “No tenía acceso a lugares operativos y no me consta que los mencionados lo fueran”, dijo luego de ser detenido en su quinta La Mapuche, de Mercedes.

Luego se leyó la declaración de Juan Carlos Falcón, custodio del ministro del Interior Albano Harguindeguy hasta 1982, detalle que “me convirtió en un blanco fácil”, dijo. Explicó que apodaban Kung Fu a todos los karatecas del Círculo Policial, pero que no fue él quien actuó en cautiverio, adjudicó la confusión al inspector Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy en 1976, y aseguró que el Kung Fu torturador fue el suboficial Luis Armando Galarce, porque “estuvo en el departamento Situación Subversiva”. Por la tarde, luego de un cuarto intermedio, ratificaron su silencio el gendarme Eugenio Pereyra Apestegui, el penitenciario Juan Carlos Avena y los policías Simón, Eduardo Kalinec, Luis Donocik, Oscar Rolón y Ricardo Taddei.

2009-12-09T22:08:00.000-08:00

Gacetilla de Prensa

9/12 : COMIENZAN LAS INDAGATORIAS DE LOS 17 REPRESORES

DEL CIRCUITO REPRESIVO ATLÉTICO-BANCO-OLIMPO

Comenzarán hoy a ser indagados los 17 represores que participaron en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo.

Después de tres semanas (dos jornadas por semana) de iniciado el juicio oral y público, el Tribunal Oral Federal 2 comenzará con la ronda de indagatorias a los represores. El debate comenzará este miércoles 9 a las 9 en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la participación de 47 querellas de organizaciones y particulares.

El miércoles pasado, después de terminar de leerse el requerimiento de elevación a juicio y de resolver no hacer lugar a los planteos de las defensas de los genocidas que apuntaban a dar marcha atrás con el juicio, el TOF 2 permitió que la mayoría de los represores permanezcan en el penal Marcos Paz mientras no sean ellos los que sean indagados.

De este modo el tribunal hizo lugar al planteo de la defensa que pidió que a sus defendidos no se los traslade a la sede del tribunal teniendo en cuenta que “deben permanecer en la alcaldía durante toda la realización de las audiencias y no es un lugar adecuado para permanecer largas horas” (sic).

De modo tal que este miércoles no estarán presentes ni en la audiencia ni en las cercanías de la sala aquellos represores que no presten declaración indagatoria.

Las acreditaciones se realizan media hora antes de que comience la audiencia en la ventanilla del TOF 2 en el sexto piso de Comodoro Py.

LOS GENOCIDAS

1- Samuel Miara, Policía Federal Argentina, Alias “Cobani”.

2- Oscar Augusto Isidro Rolón, Policía Federal Argentina, alias “Soler”.

3- Julio Héctor Simón, Policía Federal Argentina, alias “Turco Julián”.

4- Raúl González, Policía Federal Argentina, alias “Mayor Raúl” o “El Negro”.

5- Juan Carlos Avena, Servicio Penitenciario Federal, alias “Centeno”.

6- Eufemio Jorge Uballes, Policía Federal Argentina, alias “Anteojito Quiroga” o “Führer”.

7- Eduardo Emilio Kalinec, Policía Federal Argentina, alias “Dr. K”.

8- Roberto Antonio Rosa, Policía Federal Argentina, alias “Clavel”.

9- Juan Carlos Falcón, Policía Federal Argentina, alias “Kung Fu”.

10- Luis Juan Donocik, Policía Federal Argentina, alias “Polaco Chico”.

11- Guillermo Víctor Cardozo, Gendarmería Nacional, alias “Cortés”.

12- Eugenio Pereyra Apestegui, Gendarmería Nacional Argentina, alias “Quintana”.

13- Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino, alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”.

14- Ricardo Taddei, Policía Federal Argentina, alias “Cura” o “El Padre”.

15- Enrique José Del Pino, capitán del Ejército Argentino, Batallón de Inteligencia 601, alias “Miguel”.

16- Carlos Alberto Roque Tepedino, Jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino.

17- Mario Alberto Gómez Arenas, Segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601.

EL TRIBUNAL

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 estará a cargo de este juicio, integrado por los jueces Dr. Jorge Alberto Tassara (presidente del tribunal), la Dra. Ana María D´Alessio, la Dra. María Laura Garrigós de Rébori, y la Dra. María del Carmen Roqueta (4° juez).

LOS COMPAÑEROS

En este juicio se tratarán los delitos cometidos contra 184 compañeros. Por el homicidio de dos de ellos y la privación ilegal de la libertad de un menor se juzga a seis represores; por la privación ilegal de la libertad y tormentos de 181 compañeros, se acusa a quince.

Por todo esto decimos: ¡Conde a todos los genocidas! ¡Justicia para todos los compañeros!

Contactos de prensa:

AEDD - Dra. Elea Peliche: 1554287881

APEL - Dra. Claudia Ferrero: 1556045905

CODESEDH - Dra. Liliana Molinari: 1551766480

justiciaya2004@yahoo.com.ar

Justicia YA! Buenos Aires

Justicia YA! Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.

Hoy : 9/11 hablarán los represores

2009-12-08T23:50:00.000-08:00

EL TOF 2 ESPERA ESCUCHAR A OCHO DE LOS QUINCE IMPUTADOS POR SU ACTUACION EN CENTROS CLANDESTINOS

Los represores tienen la palabra

Policías, gendarmes y militares podrán pararse hoy frente al tribunal y argumentar su defensa por la represión en El Olimpo, el Banco y el Atlético. Raúl Guglielminetti y el Turco Julián son dos de los convocados a hablar.

Por Diego Martínez

Hoy a partir de las nueve, en el subsuelo de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2) les dará la palabra a once imputados por crímenes de lesa humanidad en centros clandestinos de la ciudad de Buenos Aires, incluidos Raúl Guglielminetti y el policía Julio Simón. Por primera vez desde 2006, luego de cinco juicios sin reporteros gráficos en la sala y del escándalo del sexto, cuando un secretario del TOF5 cubrió con sus manos la cámara de la agencia Télam, hoy sólo dependerá de los canales de noticias que la sociedad pueda conocer el rostro y la voz de policías, gendarmes y militares acusados por cientos de secuestros, torturas, violaciones y homicidios durante la dictadura. La decisión de los jueces Jorge Tassara, María Laura Garrigós de Rébori y Ana María D’Alessio implica cumplir con la acordada sobre publicidad de juicios de alta trascendencia pública que la Corte Suprema de Justicia dictó el año pasado en respuesta a las prohibiciones del TOF5, el mismo que el viernes, con un criterio que aún se desconoce, comenzará a juzgar a Astiz, Acosta & Cía.

El juicio por delitos de lesa humanidad en los centros Club Atlético, Banco y Olimpo, que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, tiene en su primera etapa quince imputados. Mañana tendrán la palabra los once que tienen defensa oficial, a cargo de Verónica Blanco. El más conocido es el único civil: el agente Raúl Guglielminetti, famoso por los secuestros extorsivos a comienzos de los ’80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín. En Olimpo se hacía llamar “Mayor Rogelio Guastavino”, se hacía planchar el uniforme de gala y lustrar los zapatos por los secuestrados, y daba órdenes como virtual jefe del campo, en nombre del coronel Enrique Ferro. Guglielminetti afronta su primer juicio por crímenes de lesa humanidad. Le esperan varios más.

No menos célebre, pero con menor prestigio entre sus pares, también podrá declarar el policía Julio Simón, alias Turco Julián, que ya tiene dos condenas en el haber: por el secuestro y las torturas del matrimonio Poblete, en 2006, y como miembro del Batallón 601 el año pasado. Simón concedió entrevistas en televisión mientras se supo impune, durante veinte años, pero se llamó a silencio desde que se anularon las leyes de impunidad y comenzó a deambular por tribunales. Durante las audiencias se limita a negar las acusaciones con la cabeza y a pedir permiso para ir al baño, siempre aquejado por sus problemas de próstata.

El resto de los represores que caminarán hasta el banquillo darán sus datos y responderán si desean o no prestar declaración indagatoria son desconocidos para la sociedad. Los gendarmes Guillermo Cardozo, alias Avena, y Eugenio Pereyra Apestegui, alias Quintana, son de los pocos que hablaron durante la instrucción: dijeron que sólo cumplían “funciones de seguridad en un objetivo militar”. Los sobrevivientes los recuerdan adentro del Olimpo: a Quintana con gomina y tacos, por su complejo de petiso, obligando a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo. El comandante Cardozo también se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los centros clandestinos para que no hablaran del tema con nadie.

Además del penitenciario Juan Carlos Avena, alias Centeno, el resto son todos policías. Eduardo Kalinec, alias Doctor K, siguió en funciones hasta hace apenas cinco años. Ricardo Taddei se apodaba Padre o Cura por sus delirios místicos: se ofrecía como confesor en cautiverio y hasta llevó un televisor al Olimpo para que los secuestrados vieran la misa de domingo. El comisario Raúl González, alias Negro o Mayor Raúl, era segundo jefe del campo y participaba de interrogatorios junto con Oscar Augusto Rolón, alias Soler. El karateca Juan Carlos Falcón, alias Kung Fu, ex custodio de Albano Harguindeguy antes del golpe de Estado, solía abusar de las mujeres secuestradas. Luis Donocik, alias Polaco Chico, integraba el grupo de guardias que se denominaban “candados”, responsables de impedir que los secuestrados hablaran y de trasladarlos a la sala de torturas. Mañana será su turno. El lunes tendrán la palabra los otros cuatro acusados.

La importancia del juicio a los represores del Circuito Atlético-Banco-Olimpo

2009-11-29T18:09:00.000-08:00

Se inició el Juicio por más de 180 delitos

2009-11-24T23:57:00.000-08:00

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 juzgará el accionar de 17 represores en los ex Centros Clandestinos de Detención, y Tortura "El Club Atlético", "El Banco" y "El Olimpo" por más de 180 delitos cometidos contra compañeros. En el primer día de audiencia la defensa presentó un pedido para que los imputados no cumplan con su deber de escuchar las imputaciones de las que se les acusan. (¡¡¿¿??!!)

(Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009. Agencia Walsh) El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 estará a cargo de este juicio. Los Doctores Jorge Alberto Tassara (presidente del tribunal), la Dra. Ana María D´Alessio, la Dra. María Laura Garrigós de Rébori, y la Dra. María del Carmen Roqueta (4° juez) son los encargados de juzgar. Se acusa de 182 delitos a los represores Samuel Miara, Policía Federal Argentina, Alias “Cobani”; Oscar Augusto Isidro Rolón, Policía Federal Argentina, alias “Soler”; Julio Héctor Simón, Policía Federal Argentina, alias “Turco Julián”; Raúl González, Policía Federal Argentina, alias “Mayor Raúl” o “El Negro”; Juan Carlos Avena, Servicio Penitenciario Federal, alias “Centeno”; Eufemio Jorge Uballes, Policía Federal Argentina, alias “Anteojito Quiroga” o “Führer”; Eduardo Emilio Kalinec, Policía Federal Argentina, alias “Dr. K”; Roberto Antonio Rosa, Policía Federal Argentina, alias “Clavel”; Juan Carlos Falcón, Policía Federal Argentina, alias “Kung Fu”; Luis Juan Donocik, Policía Federal Argentina, alias “Polaco Chico”; Guillermo Víctor Cardozo, Gendarmería Nacional, alias “Cortés”; Eugenio Pereyra Apestegui, Gendarmería Nacional Argentina, alias “Quintana”; Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino, alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”; Ricardo Taddei, Policía Federal Argentina, alias “Cura” o “El Padre”; Enrique José Del Pino, capitán del Ejército Argentino, Batallón de Inteligencia 601, alias “Miguel”; Carlos Alberto Roque Tepedino, Jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino; y Mario Alberto Gómez Arenas, Segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601.
La defensa pide que los imputados se ausenten de la lectura de los cargos que se le imputan, si el tribunal, el día de mañana, da lugar a esta petición el juicio, desde un principio estará viciado de nulidad, ya que es obligación de estos represores escuchar los cargos, no es una opción. El circuito de los ex Centros Clandestinos de Detención, y Tortura "El Club Atlético", "El Banco" y "El Olimpo" deja bien en claro el accionar represivo del Estado durante los años 1976-79. Policía, Penitenciaría, Ejército, a través de su Batallón 601 y funcionarios de Inteligencia aunados para la represión.

En este juicio se tratarán los delitos cometidos contra 184 compañeros. Por el homicidio de dos de ellos y la privación ilegal de la libertad de un menor se juzga a cuatro represores; por la privación ilegal de la libertad y tormentos de 181 compañeros, se acusa a quince. Deberán seguir esperando su turno para conseguir justicia…

En el año 2007 fueron identificados los restos de los compañeros Cristina Magdalena Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña, Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, Helios Serra, Jesús Pedro Peña, Santiago Villanueva, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino. Los casos de 5 de esos compañeros -Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya y Santiago Bernardo Villanueva- forman parte de este juicio oral. Sin embargo sólo se procesó a los represores por sus secuestros y tormentos, y no por sus homicidios. Los 4 compañeros restantes - Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino- ni siquiera fueron incluidos.

Además, este juicio presenta una característica que se reiteró en juicios anteriores que consiste en convocar a declarar como testigos a sobrevivientes cuyos casos fueron dejados fuera del debate. De esa manera los testigos deben presentarse a declarar por lo sucedido a otros compañeros sin que los delitos cometidos contra ellos mismos por los mismos represores a los que se juzga hoy, sean tenidos en cuenta. Esta situación es resultado de la fragmentación de las causas y de la negativa del poder judicial a acumularlas y realizar debates orales que involucren todos los delitos cometidos por centro clandestino de detención.

Contacto:

H.I.J.O.S. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio Regional Capital en la Red Nacional - Justicia YA! Buenos Aires - AEDD - Dra. Elea Peliche: 1554287881 - APEL - Dra. Claudia Ferrero: 1556045905 - CODESEDH - Dra. Liliana Molinari: 1551766480

Comienza el juicio a 17 represores del Primer Cuerpo de Ejército

2009-11-23T02:50:00.000-08:00

La banda de Suárez Mason en el Olimpo

Los represores juzgados actuaron en los centros clandestinos de detención Club Atlético, El Banco y Olimpo, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército. Estaban bajo las órdenes de Suárez Mason y de Olivera Róvere.

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Por Diego Martínez

El “Turco Julián” reparte cadenazos y explica: “No soy un monstruo, lo hago por la patria”. Un adolescente judío es obligado a ladrar, caminar y morder como un perro. “Quintana” toca la guitarra y le canta el feliz cumpleaños a un secuestrado. “Cobani” muele a patadas a una mujer embarazada de siete meses. “Soler” se ufana de estar infiltrado en la Facultad de Derecho. “El Cura” lleva un televisor para que los cautivos vean la misa de domingo y se ofrece como confesor para impartir castigos y absoluciones. Guerreros sin uniforme recitan discursos de Hitler y violan a mujeres indefensas.

Las imágenes, recuerdos de sobrevivientes de los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo, se recrearán a partir de mañana en el subsuelo de Comodoro Py, donde el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2) juzgará durante ocho meses a diecisiete imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 184 víctimas. Los delitos de lesa humanidad que llegan a juicio se cometieron en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de los generales Carlos Suárez Mason, ya fallecido, y Jorge Olivera Róvere, condenado por el TOF-5 a prisión perpetua simbólica: en libertad.

El juicio oral que conducirán Jorge Alberto Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori será el más representativo hasta ahora de las dimensiones del terrorismo de Estado en la ciudad de Buenos Aires. Desde el primer proceso por delitos de lesa humanidad en Py, en 2006, pasaron por el banquillo autores mediatos como los brigadieres de Mansión Seré o los ex jefes de áreas, ladrones de bebés como el gendarme Víctor Rei, asesinos como los de la Masacre de Fátima, y el torturador Julio Simón, alias “Turco Julián”, juzgado en soledad. El juicio que comienza mañana, con cuatrocientos testigos y quince imputados como autores directos de los delitos, marca un quiebre en el proceso de verdad y justicia, que dará un nuevo paso el 11 de diciembre, cuando comiencen a rendir cuentas ex miembros de grupos de tareas de la ESMA, y otro cuatro días más tarde, cuando arranquen las audiencias con ocho represores de El Vesubio como acusados.

Diez de los imputados son de la Policía Federal, entre ellos el principal Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”, de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en un caso de protección de prostíbulos; el oficial Ricardo Taddei, alias “Padre” o “Cura”, detenido en 2006 en Madrid y extraditado desde España, donde vivió veinte años; el subcomisario Samuel Miara, alias “Cobani”, condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa; el suboficial Simón, que va en busca de su tercera condena; y el guardia Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”, por su destreza en las artes marciales. Los últimos tres son investigados en primera instancia por abusos sexuales denunciados por sobrevivientes. Acompañarán a los policías un agente del Servicio Penitenciario Federal, dos oficiales superiores de Gendarmería responsables de la seguridad de los centros clandestinos y los traslados a Campo de Mayo, y cuatro integrantes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, donde se procesaba la información obtenida en las mesas de torturas y se ordenaban nuevos secuestros: su ex jefe, coronel Carlos Alberto Roque Tepedino; el agente civil Raúl Guglielminetti, famoso por su eficacia en secuestros extorsivos a principios de los ‘80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín; el capitán Enrique José Del Pino, alias “Miguel”, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo; y el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, condenado en Neuquén por su actuación como jefe del Destacamento de Inteligencia 182. Gómez Arenas será juzgado esta vez como segundo jefe de la Central de Reunión del batallón de Viamonte y Callao.

A diferencia de los jerarcas de Mansión Seré o de los ex jefes de áreas, que comenzaron y terminaron el proceso en libertad, la mayor parte de los imputados que juzgará el TOF2 están detenidos en cárceles: ocho en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, tres en Devoto, tres en Ezeiza, y el capitán Del Pino en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, en el corazón de la mayor guarnición del Ejército, donde ningún fiscal ni juez federal realizó nunca una inspección ocular. Sólo el coronel Tepedino, retratado por Página/12 en 2003 mientras violaba el arresto domiciliario, conserva ese privilegio por gentileza de la justicia.

El circuito Atlético, Banco y Olimpo fue en la práctica “un mismo centro que mutó de nombre y ubicación pero no de detenidos, guardias y elementos de suplicio”, escribió el juez federal Daniel Rafecas, responsable de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo. El primero funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Patotas y secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en Autopista Riccheri y Camino de Cintura, mientras se acondicionaba El Olimpo, en Lacarra y Ramón Falcón, funcionó hasta fines de 1979, cuando Suárez Mason dejó la jefatura del Primer Cuerpo.

El juicio oral tendrá dos etapas. La primera es la causa “Miara”, tiene quince acusados y abarca 181 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas. La segunda, conocida como “Tepedino”, es sobre el homicidio de Carlos Fassano y Lucila Révora de De Pedro, embarazada de ocho meses. Tiene a dos imputados comunes (Del Pino y el penitenciario Juan Carlos Avena), a quienes se sumarán los coroneles Tepedino y Gómez Arenas. La postergación es porque el ex jefe del Batallón 601 afronta desde hace tres semanas su primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, en el TOF de San Martín.

La instrucción de la megacausa “Primer Cuerpo” continúa a cargo del juez Rafecas, que en junio del año pasado elevó los casos que llegan a juicio. Tras la reasignación de expedientes que por razones de conexidad se abarrotaban en el TOF-5, ordenada por la Cámara Nacional de Casación Penal a instancias de la Procuración General de la Nación, el juicio a los grupos de tareas de la Policía Federal recayó en el TOF-2. El comienzo estaba previsto para el 20 de octubre pero se postergó por las denuncias contra el juez subrogante Alberto Pravia, investigado por irregularidades en un concurso del que participó como jurado.

La acusación estará a cargo del fiscal federal Alejandro Alagia y de un grupo de organismos encabezados por el CELS y Kaos. El juicio comenzará mañana a las 14 con la lectura del auto de elevación. Dos horas antes, en la vereda de Comodoro Py, la agrupación H.I.J.O.S. lanzará la campaña “Ponete la camiseta por el Juicio y Castigo”. A diferencia de sus pares del TOF-5, los jueces Tassara, D’Alessio y Garrigós de Rébori permitirán el ingreso de reporteros gráficos minutos antes de cada audiencia. A diferencia del resto de los tribunales que juzgan crímenes de la dictadura, impedirán tomar imágenes de los acusados hasta la etapa de los alegatos. Se trata de un novedoso modo de burlar la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre publicidad de los procesos, ahora con el objetivo de volver a someter a los sobrevivientes a reconocimientos en público de quienes los torturaron en cautiverio.

Buenos muchachos

Imputado	Alias	Fuerza
Raúl Guglielminetti	Mayor Guastavino	Civil
Samuel Miara	Cobani	PF
Julio Simón	Turco Julián	PF
Raúl González	Negro o Mayor Raúl	PF
Eufemio Uballes	Führer o Anteojito	PF
Eduardo Kalinec	Doctor K	PF
Roberto Rosa	Clavel	PF
Juan Carlos Falcón	Kung Fu	PF
Luis Donocik	Polaco Chico	PF
Oscar Rolón	Soler	PF
Ricardo Taddei	Padre o Cura	PF
Juan Carlos Avena	Centeno	SPF
Guillermo Cardozo	Cortés	Gendarmería
Eugenio Pereyra Apestegui	Quintana	Gendarmería
Enrique Del Pino	Miguelito	Ejército
Carlos Tepedino		Ejército
Mario Gómez Arenas		Ejército

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